Los cinco peligros de acceder a un Wifi público en bares, aeropuertos, metros o trenes.

Los cinco peligros de acceder a un Wifi público en bares, aeropuertos, metros o trenes.

Acceder a un Wifi público ofrece muchas oportunidades pero también peligros, sobre todo cuando no se toman precauciones, según advierte Pedro Rodríguez López de Lemus, abogado especializado en protección de datos. «Cada vez más necesitamos estar permanentemente conectados a Internet, como si fuera el aire que respiramos, por lo que solemos hacer uso de las numerosas Wifi públicas que vamos encontrando en nuestro camino, ya sea en un bar, comercio, hotel, estación, tranvía, o una calle o plaza cualquiera», declara este letrado, quien puntualiza que «este aire puede estar contaminado y traernos muchos más disgustos que alegrías. Por ello, es necesario que conozcamos los peligros que conlleva la conexión de nuestros dispositivos móviles o portátiles a estas redes gratuitas, para así poder evitar los mismos».

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Fuente: abc.es.

Autor: Pedro Rodríguez López de Lemus.

¿Cómo nos afecta el Tablón Edictal Único del B.O.E. y sus novedades?

Lo que inicialmente parecía iba a ser la panacea para las Administraciones Públicas al final se volvió en contra, y desde el pasado 1 de junio, tanto los ciudadanos como las propias Administraciones, podemos beneficiarnos de un sistema común de notificaciones basado en un Tablón Edictal Único cuyos detalles os comento a continuación y que resulta de especial interés para los ciudadanos.

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Jugando con todas las de la ley.. (española)

Hace poco días conocíamos la noticia de que la empresa sevillana de creación de contenidos digitales, Genera Interactive, ha marcado un hito en la creación de videojuegos para aplicaciones móviles en nuestro país, y es que gracias al desarrollo de una aplicación jugable con licencia de una de las últimas películas de la casa Disney, ha conseguido un número de descargas superior a los 50 millones. Todo ello ha provocado que la previsión de facturación para 2014 de siete millones de euros finalmente superará los quince: no es sólo una buena noticia para el audiovisual español sino que es un gran indicativo del potencial económico que los videojuegos pueden incidir en el PIB y que prevé facturar a nivel global 83.000 millones de euros en el mercado de 2016, siendo un indicativo muy significativo el que se trata de una industria cada vez más extendida (en sectores de población desde los 5 a los 75 años, tanto hombres como mujeres), que en España facturó más de 800 millones de euros el año pasado y como señalamos, algunas empresas como la sevillana mencionada, son capaces de facturar más de diez millones de euros anuales, además conseguir importes acuerdos con gigantes audiovisuales como son Disney, Dreamworks o Paramount.

Además no es el único caso de éxito en el mercado español, ya que otras compañías españolas están desarrollando videojuegos para consolas de sobremesa para empresas japonesas como puede ser el caso de la madrileña Mercury Steam, cuyo acuerdo con la japonesa Konami ha posibilitado la re visitación de una legendaria saga como es la de Castlevania.

A pesar de la importancia que está adquiriendo el sector de los videojuegos en el panorama español (el Ministerio de Industria ya empieza a reconocer las ayudas y subvenciones para el desarrollo de estudios españoles de videojuegos), todavía la ley no es clara en cuanto al reconocimiento del videojuego como un bien jurídico que necesita una especial atención y que no puede encuadrarse en otras formas jurídicas que responden a una realidad anticuada. Esta proliferación del sector está causando la publicación de múltiples estudios, especialidades e incluso másteres en desarrollo de videojuegos. Lo que no es una sorpresa para los abogados es que dichos estudios no se recoge el ámbito legal de los mismos.

La propia OMPI publicó hace unos meses un estudio comparado acerca de “La situación jurídica de los videojuegos: Análisis comparativo de los planteamientos nacionales”, señalando la especial necesidad que existe en España de otorgar una regulación específica a dicho sector para consolidar el crecimiento de la misma, instando precisamente solucionar estas carencias  con la creación de una disciplina “propia y específica”.

. Existe cierta controversia sobre la consideración jurídica  del videojuego ya que el marco legal vigente en nuestro país no aporta una visión clara o definitiva en este sentido consolidándose a día de hoy una regulación  “desafortunada e inadecuada” respecto a las connotaciones propias de estos productos, previstas en el artículo 10.1 LPI.

Poco a poco la capacidad de los sistemas informáticos, los guiones literarios, las millonarias inversiones en elementos gráficos, sonoros, etc., han configurado los videojuegos como increíbles piezas audiovisuales tan artísticas como jurídicamente complejas. En España, entendidas tradicionalmente como ‘un tipo de software’, su protección ha avanzado muy lenta alejándose cada vez más de la realidad de su potente desarrollo.

Ante la constante pregunta de si se trata de una obra audiovisual (en ocasiones se asemeja la experiencia más a una película que a un juego) o si se trata simplemente de bases de datos (ya que la experiencia interna se basa en tratamientos informatizados de algoritmos). Respecto al software, la actual LPI, no facilita una delimitación exacta como obra protegible, ya que obliga a los juristas a clasificarlos en una de estas dos categorías o bien obra audiovisual o bien base de datos; además, el programa informático (código fuente) es el que permite que la experiencia audiovisual se reproduzca. Jurídicamente, este código está regulado por el artículo 95 y siguientes de la LPI, mientras que el contenido audiovisual y el guión se engloban dentro del artículo 86. ¿En que quedamos pues?

Además, existen problemas conexos, como la autoría del videojuego, el uso de chips o el respeto por la privacidad de los jugadores.

Respecto a la autoría, existen videojuegos realizados por una sola persona (el caso de Unepic, videojuego español disponible en Wii U). En éste caso sería evidente el autor, eso sí, siempre y cuando dicha persona no trabaje por cuenta ajena, en cuyo caso la autoría pasa al empresario salvo que lo hayan pactado expresamente. Sin embrago, normalmente en el resto de casos, y ante la ausencia de jurisprudencia al respecto, los juristas entienden que por un lado está el autor del programa informático y por otro, los autores “clásicos” de la obra audiovisual, tales como el guionista o el compositor de la música.

Una de las cuestiones más controvertidas en la jurisprudencia reciente es la instalación de medidas tecnológicas para proteger los derechos de autor de videojuegos o consolas. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 23 de enero analiza la protección de las medidas tecnológicas implementadas por Nintendo en este sentido: Es común el uso de chips o mods para craquear consolas ya que estos dispositivos anulan los sistemas de protección  de los aparatos para reproducir juegos piratas o ilegales. La conducta punible del 270.3 del Código Penal alcanza tanto a los fabricantes de estos chips o jailbreaks, los distribuidores o incluso, a los meros tenedores siempre y cuando el dispositivo haya sido diseñado con la finalidad de hackear o romper las medidas tecnológicas de protección. Sin embargo, la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que trata la cuestión prejudicial planteada en al asunto “Nintendo contra PCBOX”, se enfrenta al principio de proporcionalidad planteado anteriormente por el TJUE y deja abierta la posibilidad de modificar dicho sistema cuando la finalidad es la reproducción de audio y video. Nunca, lo cual es muy difícil de demostrar en la práctica, la reproducción de videojuegos sin respetar los derechos de autor.

En último lugar, un tema muy discutido y no por ello respetado, es el tema de la privacidad en los videojuegos. Controversias como la del Kinect de Xbox One que graba audio aunque el dispositivo se encuentre apagado, el famoso robo de cuentas de la Playstation Network de Sony en donde se robaron datos personales entre los que se encontraban los números de tarjetas de crédito de los usuarios o simplemente, la generalizada geolocalización en muchos videojuegos portátiles con el fin de conseguir trofeos según los pasos andados o los lugares visitados, implican la necesidad de cumplir con todas las garantías en el cumplimiento del derecho fundamental a la protección de datos fomentando la necesidad de un adecuado análisis de impacto en la privacidad de los jugadores así como informarle previamente de sus derechos.

Esperemos que un sector en auge como es el de los videojuegos en Andalucía y en España no se vea limitado por una legislación poco acorde con el desarrollo que necesita dicho crecimiento. Porque especialistas en la materia los hay en España y muy buenos, ¿o es que no os he comentado que los abogados que han coordinado el informe internacional de la OMPI son españoles y alguno de ellos es andaluz?

Pues eso!

Fuente: http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/06/542ecccc22601d38248b4583.html

 Jesús Fernández Acevedo

Derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones

El 11 de mayo entró en vigor la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones que deroga la anterior Ley 32/2003, de 3 de noviembre. Entre los objetivos que persigue dicha ley se pueden encontrar el aumento y la mejora de la protección de los derechos de los usuarios, o entendiéndose a contrario, el reforzamiento del respeto que los operadores tienen que tener con respecto a los derechos de los usuarios. Para darnos cuenta de la necesidad del aumento de protección de los derechos de los usuarios solamente tenemos que acudir a la lista de empresas peor valoradas por los consumidores, aquellas que más quejas, reclamaciones y denuncias reciben a lo largo del año. De acuerdo con la asociación de consumidores FACUA, entre las cinco empresas peor valoradas podemos encontrar dos famosas compañías de telecomunicaciones, siendo una de ellasla empresa peor valorada y más denunciada por los consumidores, esta tendencia no es nueva sino que se ha mantenido durante los últimos 5 años.

Antes de indicar los derechos que tienen los usuarios es necesario destacar un aspecto relativo al ámbito de aplicación de la Ley, la misma en su art. 1º prevé que ésta no será de aplicación a los siguientes servicios:

  • Servicios de comunicación audiovisual.
  • Contenidos audiovisuales transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
  • Servicios de la sociedad de la información, como son el correo electrónico o las actividades de los prestadores de servicios online.

El Título III establece las obligaciones y derechos de los operadores y usuarios, en los arts. 46 – 55 se refuerzan y clarifican los derechos, el mayor esfuerzo de protección se realiza sobre los derechos relacionados con la protección de datos de carácter personaly la privacidad (art. 48 LGT). Es destacable mencionar que lo previsto en esta Ley específica prevalece sobre la normativa general de defensa de los consumidores y usuarios, que también resulta aplicable, en aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión Europea de las que traigan causa (art. 46.2 LGT).

La nueva LGT reconoce a los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas los siguientes derechos:

  • Ser informado por parte del operador y antes de la celebración del contrato de la información prevista en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y además, la información específica relativa a la descripción de los servicios a prestar, los precios y tarifas aplicables, la duración del contrato y causas de resolución, las restricciones impuestas en el dispositivo y las condiciones aplicables al mantenimiento del número de teléfono.
  • Celebrar contratos con los operadores, así como al contenido mínimo que tienen que tener dichos contratos.
  • Resolver el contrato en cualquier momento. Este derecho permite resolver el contrato anticipadamente y sin penalización en el caso de que el operador modifique unilateralmente las condiciones contractuales fijadas inicialmente.
  • Cambiar de operador manteniendo el mismo número de teléfono y en el plazo máximo de un día laborable. El retraso en la conservación del número o en el tiempo de la portabilidad dará derecho a los usuarios a una compensación.
  • Recibir información veraz, transparente, comparable, adecuada y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables, los gastos y condiciones relacionados con la finalización del contrato y al acceso y utilización de los servicios que presta el operador.
  • Posibilidad de desconexión de determinados servicios y la necesidad de petición expresa para el acceso a otros.
  • Continuidad del servicio y a obtener una compensación por su interrupción.
  • Facturación detallada, clara y sin errores.
  • Impedir la identificación de su número al llamar o a recibir llamadas sin identificar.
  • Detener el desvío automático de llamadas efectuado a su terminal por un tercero.
  • Acceso a los servicios de emergencias de forma gratuita.
  • Acceso a un servicio de atención al cliente gratuito, que preste una atención personal directa, sin perjuicio del uso de medios técnicos que puedan mejorar dicha atención. Los operadores tienen que poner a disposición de sus clientes algún tipo de acreditación documental de las gestiones o reclamaciones que realicen, como ejemplos de medios que pueden utilizar encontramos la concesión de un número de referencia o el envío de un documento en un soporte duradero.
  • Elección del medio de pago entre los comúnmente aceptados.
  • Oponerse a la recepción de llamadas automáticas sin intervención humana si no ha prestado su consentimiento de manera previa e informada.
  • Oponerse a la recepción de llamadas no deseadas con fines comerciales.
  • A aparecer o no en las guías de abonados.

Rafael Meca Cintas

¿Del e-commerce al m-commerce?

Con la evolución de los tiempos y el auge de la telefonía móvil, concretamente de los smartphones y tablets, se está produciendo un cambio a la hora de entender el comercio electrónico, dando lugar a lo que ya conocemos como m-commerce o mobile commerce. Tal es esto así, que los usuarios que realizan sus compras a través de estos terminales han pasado de representar un 9% en el año 2011 a un 13,8% en 2012, según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Ontsi).

El pago por móvil llego a España a finales del año 2000 con plataformas como Mobipay, Paybox, y Caixamovilcon escaso éxito inicial debido a las barreras sociales que siempre suelen existir hacia cualquier tipo de tecnología emergente, así como con cierto recelo acerca de la fiabilidad y seguridad de estos nuevos sistemas de pago. Pero esto ha ido cambiando, y pronto dejará de ser un problema olvidarnos la cartera en casa ya que los sistemas de pago por móvil han dejado de ser un reto casi futurista para pasar a ser una realidad.

Según el “Barómetro zanox de Mobile Performance 2013”, que contiene resultados y conclusiones sobre la tendencia del m-commerce en Europa, la cantidad de teléfonos móviles y tablets aumenta año tras año, generando unos ingresos que en el 2013 han llegado a sus máximos históricos.

La mayor dificultad para el m-commerce quizá sea el pago. Son muchos los consumidores que mediante la técnica del showrooming (visitar tiendas física para probar un producto y luego realizar la compra online), se informan acerca de un determinado producto, pero no realizan el pago de su compra con móvil en la tienda física.

Los mPayments son los pagos que se hacen a través de un dispositivo móvil. En general, hay dos formas de hacer estas operaciones: pagos online y pagos de proximidad. Estos últimos son los pagos de productos y servicios en un punto de venta físico que se hacen a través de un dispositivo móvil (tecnologías de radio de corto alcance como NFC) y se suelen usar en terminales de punto de venta (TPV), sistemas de transporte, etc. Pero a pesar de que en España aún está poco implantada la tecnología contactless (sin contacto), según datos de Visa, somos líderes en Europa con unos 300.000 tpv contactless activos que permiten 1,7 millones de transacciones al mes.

En la actualidad, en España son numerosas las compañías que se están adaptando a esta nueva modalidad de pago. “La Caixa” se ha convertido en líder en pagos por móvil en nuestro país con el lanzamiento comercial del pago con móvil NFC en enero de 2014 para lo que ha contado con el apoyo de Telefónica, Vodafone, Orange y Visa Europe. MyMoid, por su parte, es el primer servicio de pago por móvil que opera desde el 20 de septiembre de 2013, a través de su propia Entidad de Pago autorizada por el Banco de España, contando hoy por hoy con unos 10.000 usuarios y cuyo objetivo es gestionar el 2% de volumen de facturación del comercio electrónico en España.

Mª Ángeles Maldonado Rivero

¿Es legal volar un Dron?

Sin entrar a valorar la más que posible ilegalidad que supone que un dron capte imágenes de personas en espacios público o incluso en sus los espacios privados de éstas, tal y como ha aclarado la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), para el que tuviera aún alguna duda, volar un Dron en España no es legal, al menos en principio.

AESA, que es la entidad responsable de controlar que el uso de aeronaves tripuladas por control remoto en España se realiza en el ámbito de la ley y la seguridad, ha hecho pública esta semana la siguiente información.

El uso de este tipo de aparatos es reciente y por ello, con el objetivo de evitar mal entendidos y posibles incidentes, AESA quiere aclarar en qué circunstancias y condiciones se pueden usar los drones y en cuáles no, y qué consecuencias tiene hacerlo en este último caso.

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Las diferentes conductas que pueden violar derechos de autor en internet

Partiendo de la base de que la piratería no está relacionada con la inferior calidad del producto, sino que es la violación del copyright, puesto que se está haciendo un uso que no está permitido por el autor o que está prohibido por las leyes, debemos diferenciar qué conductas son legales y qué conductas no.

Internet ha generado varios movimientos con incidencia en el ámbito de la propiedad intelectual, pudiendo clasificarse en cuatro grandes grupos: el streaming, las descargas, los enlaces y las redes P2P.

El streaming está muy relacionado con los formatos de reproducción de audio y vídeo, permitiéndonos ver u oír en tiempo real una obra protegida por derechos de autor. El streaming es la distribución de un archivo multimedia que se realiza a través de una red de ordenadores, con lo que se consigue que el usuario consuma el archivo al mismo tiempo que se descarga. Los datos se van descargando mediante el sistema búfer que permite su reproducción, pero no se almacenan en el disco duro. Por ello, aunque también se llama descarga es totalmente diferente.

Uno de los ejemplos más claros de streaming es Youtube. Youtube funciona como una red de electricidad que suministra electricidad continuamente, sin interrupción, por eso, cuando visionamos un vídeo aparece el término buffering en la pantalla, que significa que el vídeo se está descargando en la caché de nuestro ordenador por nuestra banda ancha. Ese vídeo podrá ser visto siempre y cuando no abandonemos esa página web, puesto que cuando cambiamos de página web la caché borra la memoria almacenada.

El streaming ha sido perseguido judicialmente en multitud de ocasiones, saliendo airoso de casi todos los juicios gracias al siguiente argumento: siempre y cuando la página que nos proporciona el visionado en tiempo real únicamente facilite un enlace que nos conduzca a una página de un tercero que sea quien tiene almacenada en su disco duro la información, están exentos de responsabilidad y no vulneran los derechos de autor.

Este fue el argumento utilizado en los Caso Cinetube (AAP Alava 03/02/12) y en el caso Caso RojaDirecta (AAP Madrid 27/04/10), aunque la jurisprudencia ha cambiado a raíz del Caso TVC (STJUE 07/03/13), el cual declaró la ilegalidad del streaming porque se está haciendo “comunicación pública” de una obra protegida sin permiso de su autor. De hecho, la jurisprudencia española ya se ha hecho eco de esta sentencia, habiendo condenado a un año, siete meses y quince días de prisión, a los responsables de las web DivxOnline.info, seriesonline.es y estrenosonline.es (SJP Nº 3 Valencia 24/06/13).

Ahora bien, en el caso en el que Tele5 demandó a Youtube por emitir imágenes de la cadena televisiva sin autorización (SJMerc nº 7 Madrid 20/09/10), además de los anteriores argumentos, también se tuvo en cuenta la exención de responsabilidad contenida en los artículos 16 y 17 LSSI, así como la no obligatoriedad de supervisar los contenidos por parte de Youtube (art. 15 Directiva 2000/31/CE de Comercio Electrónico), desestimándose la demanda contra Youtube. Actualmente se encuentra en fase de apelación.

Por su parte, la descarga de datos o de archivos es, básicamente, la copia íntegra del dato o del archivo y el consiguiente almacenamiento en el disco duro del ordenador.

Un ejemplo de descarga es bajarse una canción de internet y almacenarla en nuestro disco duro para escucharla cuando queramos. Algunos prestadores de servicios como iTunes proveen estos servicios de manera legal, por lo que para ver si la descarga es legal o ilegal habrá que esta al origen de la obra descargada (ver si existe autorización del autor).

En el Caso Bajatetodo.com (SJP nº 4 Castellón 30/10/13), se demostró la ilicitud de origen de la obra descargada, condenando a los responsables de la web a 18 meses de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la creación y gestión de páginas WEB por tiempo de tres años.

En el caso de los enlaces (links), estos son códigos abiertos en modo texto que permiten a los navegadores dirigirnos a la página web que buscamos. Cuando el usuario hace click en el enlace tiene acceso al documento o la página buscada, puesto que es el link el que conecta dichas páginas o documentos.

El formato de los enlaces es el más utilizado por los motores de búsqueda (ej: Google). Cuando un usuario realiza una búsqueda el buscador muestra múltiples resultados de esa búsqueda. Los resultados son los enlaces que nos llevan a la página deseada.

Los enlaces, desde el punto de vista jurídico, son parecido al streaming, salvo que, si únicamente se facilita el enlace y no se crean contenidos (y no puede verse el contenido desde mi página web), es legal. Aquí tampoco hay obligación de supervisar los contenidos.

Este fue el argumento utilizado en el Caso Ajoderse.com (AJI Nº 9 Barcelona 07/03/03). Sin embargo, la jurisprudencia aquí también es contradictoria puesto que, la SAP de Vizcaya de 27 de septiembre de 2011 condenó a 1 año de prisión a los dos administradores de las webs de enlaces www.fenixp2p.com y www.mp3-es.com por un delito contra la propiedad intelectual porque consideró que facilitar el enlace a obras protegidas es comunicación pública, a lo que debemos añadir el ánimo de lucro existente por la publicidad insertada en las páginas webs.

Por último, las redes P2P (peer-to-peer), son redes de ordenadores conectados entre ellos en las que los usuarios comparten información, datos y archivos. Los usuarios son personas físicas, por lo que no son ni vendedores ni compradores, al igual que tampoco son profesionales o empresarios. Su funcionamiento está basado en el sistema del intercambio, permitiendo que las personas conectadas a la red puedan acceder a un sector de los ordenadores del resto de los usuarios para poder acceder a la información compartida.

Después de múltiples pleitos, entre los que podemos destacar el Caso Sharemula (AAP Madrid 11/09/08) y el Caso eMule (AAP León 15/09/09), parecía que estas redes eran legales, aún cuando el intercambio de archivos era de obras sujetas a copyright. La defensa estaba clara. En primer lugar, el intercambio se realiza por personas físicas dentro de su esfera privada, por lo que se está realizando una copia privada para uso doméstico. En segundo lugar, el ánimo lucro no existe, por lo que, no habiendo negocio, no existe afección al ámbito empresarial y desaparece el ilícito.

Sin embargo, la SAP Barcelona de 24/02/11 (Caso el Rincón de Jesús), aunque entiende que no hay comunicación pública en los enlaces que llevan a redes P2P, sí entiende que hay comunicación pública en los enlaces que llevan a descargas directas (los cuales también estaban en la web elrincondejesus.com).

Como vemos, aunque pueda parecer que existe una solución jurisprudencial para todo, la verdad es que estamos ante una situación judicial totalmente dispar, puesto que tenemos sentencias en uno y otro sentido, aun cuando los hechos son sustancialmente los mismos.

Obviamente, esta situación ha sido provocada por el caos reinante en esta materia, el cual puede resumirse de la siguiente manera. Los jueces han afirmado en multitud de ocasiones que la Ley permite estas conductas. Para contrarrestar estas decisiones se creó la Comisión de la Propiedad Intelectual (Ley Sinde-Wert), la cual fue criticada duramente por el Consejo General del Poder Judicial, quien entiende que si con la legislación actual es imposible clausurar páginas webs de enlaces por un juzgado, resulta de dudosa legalidad que pueda hacerlo un órgano administrativo. El CGPJ también emitió un informe en el que concluyó que facilitar enlaces a obras protegidas no es delito. A lo que debemos añadir que la LSSI establece que cuando se violen derechos de propiedad intelectual podrá suspenderse o bloquearse la transmisión y el acceso a una página web, aunque parece que muchas veces la Ley se quede vacía de contenido.

En resumen, la disparidad de criterios en este campo es tan abrumadora que, como dijo Alex de la Iglesia antes de abandonar su cargo como Director de la Academia de Cine “hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, que el público de las películas son esos usuarios de internet, hacia ellos y hacia todos hay que enfocar la nueva regulación”, lo que en el mundo jurídico quiere decir “o cambiamos la regulación, o con estas leyes poca seguridad jurídica podremos ofrecer”.

Antonio Fagundo Hermoso

Abogado en Conteros Asociados.

Director Jurídico, Marketing y Expansión de Masaltos.com.

Profesor Máster Superior en Abogacía y del Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la UPO.

Profesor de ESIC-ICEMD.

Asesor legal de Foro Marketing Sevilla.

@jovenantuan

Las diez sentencias más trascendentes sobre Derecho de Nuevas Tecnologías de 2013

D. José Ramón Moratalla Escudero, abogado del Departamento de Desarrollo Editorial del Grupo Francis Lefebvre, recoge en un artículo una escueta selección de sentencias representativas en materia de Derecho de Internet y las Nuevas Tecnologías dictadas en nuestro país a lo largo de 2013.

Comienza así su artículo: “Alguien dijo que no hay nada más injusto que tener que elegir. Con esta colección intentamos mostrar parte del cada día más amplio y complicado ámbito del Derecho de Internet y las Nuevas Tecnologías. Podrá apreciar que incluimos sentencias de procedencia variada, tanto en su procedencia o tribunal (entre ellas, destacamos una del TJUE) como de su ámbito jurisdiccional. Esperamos resulte de su interés.”

Haga clic aquí para ver artículo completo en la fuente original.

Hoteles y protección de datos

Los hoteles, en su día a día van recopilando una gran cantidad de datos de carácter personal de los clientes que se hospedan en sus instalaciones, es por ello que se encuentran sujetos a las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal así como al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo.

Esta normativa obliga a que desde un primer momento deban inscribir los ficheros correspondientes en el Registro de la Agencia Estatal de Protección de Datos, así como la creación de un Documento de Seguridad donde se incluirán las medidas de índole técnica y organizativa acorde a la normativa de seguridad vigente que será además de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los datos de carácter personal. Leer más

La nueva Ley del juego ya está aquí

Transcribimos aquí artículo de Ignacio Herreros.
Fuente original: http://www.abogados.es/portalABOGADOS/printPortal.do?urlPagina=/S005024003/1309335099932_es_ES.html

El número 13 es visto en muchos países occidentales como un número con grandes connotaciones supersticiosas, de buena o mala suerte según a quién se pregunte. Precisamente, el pasado sábado 28 de mayo se publicó en el BOE la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego (la “Ley del Juego”), que entró en vigor al día siguiente de su publicación, esperemos que con buen fario.

Esta nueva Ley regulará, de forma integral, las actividades de juego que se ofrezcan en España a nivel estatal, tanto si se prestan desde España como si se prestan desde el extranjero, pero dirigidas a personas residentes en España. Especialmente la Ley regula las nuevas formas de jugar por medios electrónicos, incluyendo juegos por Internet, televisión, radio, móvil y otros similares. Todas estas actividades, cuando tengan un ámbito estatal, vendrán sujetas a la nueva Ley del Juego y deberán igualmente tributar en España. A nivel autonómico seguirá siendo de aplicación la normativa vigente de aquellas Comunidades Autónomas que hayan regulado sobre las actividades de juego que se circunscriban exclusivamente a sus territorios. Leer más