Código de Derecho de la Ciberseguridad

Desde el pasado 16 de agosto de 2016 se encuentra en el sitio web del BOE una edición actualizada del Código de Derecho de la Ciberseguridad.

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El índice de este Código es el siguiente:

  • Nota del autor

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

  • Constitución Española

NORMATIVA DE SEGURIDAD NACIONAL

  • Ley de Seguridad Nacional
  • Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica
  • Reglamento de Evaluación y Certificación de la Seguridad de las Tecnologías
  • Comité de Seguridad de los Sistemas de Información de la Seguridad Social
  • Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información
  • Esquema Nacional de Interoperabilidad
  • Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia
  • Control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia
  • Ley sobre secretos oficiales
  • Desarrollo de la Ley sobre Secretos Oficiales
  • Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

  • Medidas para la protección de las infraestructuras críticas
  • Reglamento de protección de las infraestructuras críticas
  • Planes de Seguridad del Operador y Planes de Protección Específicos
  • NORMATIVA DE SEGURIDAD
  • Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía
  • Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana
  • Ley de Seguridad Privada
  • Reglamento de Seguridad Privada

EQUIPO DE RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD

  • Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
  • Centro Criptológico Nacional
  • Organización básica de las Fuerzas Armadas
  • Desarrollo de la organización básica de las Fuerzas Armadas
  • Desarrollo de la organización básica del Estado Mayor de la Defensa

TELECOMUNICACIONES Y USUARIOS

  • Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
  • Medidas contra el tráfico no permitido y el tráfico irregular con fines fraudulentos
  • Distintivo público de confianza en los servicios de la sociedad de la información
  • Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
  • Desarrolla parcialmente la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
  • Ley de firma electrónica
  • Expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica
  • Ley General de Telecomunicaciones
  • Reglamento de desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones
  • Protección del dominio público radioeléctrico
  • Conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas
  • Formato de entrega datos conservados por los operadores

CIBERDELINCUENCIA

  • Código Penal
  • Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal

PROTECCIÓN DE DATOS

  • Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
  • Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

  • Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales las tasas judiciales

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Las tasas afectadas son sólo las exigidas a las personas jurídicas; la reforma de la ley por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, eximió del pago del tributo a las personas físicas, por lo que el Tribunal ha declarado extinguido el objeto del recurso en lo que se refería a dichas tasas.

Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Santiago Martínez-Vares. En concreto, el Tribunal anula los incisos del art. 7.1 de la ley que prevén las siguientes cuotas fijas:

1) la de 200 euros para interponer el recurso contenciosoadministrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contenciosoadministrativo ordinario.

2) la de 800 euros para promover recurso de apelación y de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el orden civil.

3) la de 800 euros para el recurso de apelación y 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso-administrativo.

4) así como también la nulidad de la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.

También ha sido declarado inconstitucional el art. 7.2, que impone una cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala: de 0 a 1.000.000€, 0,5%; el resto, un tipo porcentual del 0,25. Máximo variable: 10.000€.

El Tribunal Constitucional considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial (art. 106 CE) ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia (art. 119. CE). El legislador, explica la sentencia, tiene libertad para regular los requisitos del acceso gratuito a la Justicia, siempre y cuando garantice el ejercicio de este derecho a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Ahora bien, considera que la cuantía de las tasas (tanto la cuota fija como la variable) resultan desproporcionadas y, tal y como alegaban los demandantes, pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los Tribunales de Justicia en el ejercicio de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal analiza los requisitos que la doctrina exige a las normas que, como la impugnada, limitan un derecho fundamental: la legitimidad de los fines perseguidos y la proporcionalidad de la medida legislativa.

Los fines perseguidos por la ley recurrida, afirma la sentencia, son constitucionalmente legítimos. Así ocurre con el primero de ellos, que es evitar las “situaciones de abuso” que generan aquellos que no buscan la tutela de los tribunales sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos; y también con el segundo, que es la financiación mixta de la Justicia. Respecto a este último, su legitimidad se debe a que el hecho imponible gravado por la tasa no es el servicio público de la Justicia (entendido como dotación de medios materiales y personales), sino el “ejercicio de la potestad jurisdiccional”. A través de los procesos, en cada uno de los órdenes jurisdiccionales, se materializa “a diario la función que nuestra Constitución encomienda con carácter exclusivo a los órganos de un Poder del Estado (…) como es el Poder Judicial”. Sin embargo, la legitimidad de esta segunda finalidad no puede suponer la implantación de unas tasas excesivas que imposibiliten el acceso a la Justicia, garantizado en el art. 24.1 CE.

Por ello, el Tribunal debe analizar también la proporcionalidad de la medida. Según la doctrina constitucional, para que una medida legislativa se considere proporcionada, debe cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En este caso, la medida no es idónea para conseguir la finalidad de acabar con los recursos abusivos. De hecho, al tratarse de un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, su objetivo de prevenir o disuadir de la interposición de recursos abusivos “se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes”; y, sin embargo, “perjudica (…) al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir”, que se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno.

La imposibilidad de establecer un control previo sobre los recursos “no puede justificar la imposición indiscriminada de esa tasa, bajo el sustento de un propósito disuasorio frente a una patología a fin de cuentas minoritaria”. Además, nuestro ordenamiento ya preveía un instrumento disuasorio, como es el depósito para recurrir. La sentencia concluye que la imposición de la tasa no es idónea porque no cumple con su objetivo y porque no existen razones objetivas que justifiquen la imposición de una nueva medida disuasoria por una supuesta falta de eficacia de los depósitos.

Por el contrario, la imposición de la tasa sí es una medida idónea para la consecución del segundo fin, el de la financiación mixta de la justicia. Y también es necesaria, pues no hay, ni la alegan los recurrentes, una alternativa a la tasa para conseguir la finalidad de “fijar una corresponsabilidad económica por parte de todo aquel que genera la actividad procesal cuya realización produce un coste para el Estado”.

El último requisito que analiza el Tribunal es el de la proporcionalidad en sentido estricto. En el caso de la cuota fija exigida para iniciar un proceso en el orden contencioso administrativo (la demanda no contiene alegaciones sobre el orden civil, lo que impide al Tribunal pronunciarse), la sentencia advierte que en el acceso a esta jurisdicción no solo está en juego el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), sino también la “efectividad” de los mandatos de los arts. 103.1 y 106.1, ambos de la Constitución, con los que se asegura el sometimiento de las Administraciones públicas al control judicial de su actividad. El efecto disuasorio de dichas tasas no queda anulado ni por el límite establecido (no pueden superar el 50% la sanción económica recurrida) ni por la reducción del importe de la sanción en caso de pago voluntario. Además, afirma la sentencia, los procesos del orden contencioso administrativo no se agotan en los recursos contra las multas.

El Tribunal advierte, finalmente, de lo gravoso que resulta para el justiciable sumar, al pago de la tasa, los honorarios de abogado y procurador. Por todo ello, la tasa fija de 200 euros para la interposición de un recurso contencioso administrativo abreviado y la de 350 euros para el ordinario resultan desproporcionadas y por ello contrarias al derecho de acceso a la jurisdicción.

En cuanto a las tasas exigidas para la interposición de los recursos, la sentencia considera que la justificación contenida en la memoria económica de la ley es insuficiente, pues se limita a señalar que es legítimo fijarlas en cuantías superiores a las de la primera instancia y que su recaudación no es suficiente para cubrir los costes generados por la segunda instancia.

A este respecto, la sentencia afirma, por un lado, que “el objetivo de la financiación mixta de la Justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental”; y, por otro, que la cuantía de las tasas para recurrir resoluciones judiciales “no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, a los cuales resulta excesiva”, afirmación esta última que el Tribunal realiza sobre la base de datos estadísticos oficiales relativos al sector del comercio. En consecuencia, esas tasan vulneran el derecho protegido por el art. 24.1 CE al poder disuadir la de la interposición del recurso.

Respecto a la cuota variable (segunda cantidad que se exige al justiciable en función de un determinado porcentaje sobre el valor económico del litigio), el Pleno considera que “eleva innecesariamente la carga económica” sobre el recurrente sin que el legislador especifique a qué criterio responde su exigencia. Por tanto, resulta inconstitucional por infringir el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y al recurso.

El Tribunal aclara que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas sólo producirá efectos “pro futuro”, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme. La sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas ni en los procedimientos finalizados por resolución firme ni tampoco en los no finalizados en el que el pago de la tasa se satisfizo sin que fuera impugnada por vulneración del art. 24.1 CE. De hecho, en este último supuesto, la ausencia de la impugnación de la tasa dio firmeza a la liquidación del tributo.

Ver Sentencia completa: http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_074/2013-00973STC.pdf

Aprobado el Real Decreto que desarrolla el nuevo sistema de financiación del Cine

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la reciente reforma de la Ley de Cine de 2007, a través de la cual se continúa con la implantación del nuevo modelo de ayudas a largometrajes a proyectos, que sustituye a las ayudas a la amortización.

Las principales novedades que introduce el Real Decreto aprobado hoy suponen la simplificación de la intervención administrativa en la cadena de producción, distribución y exhibición cinematográficas, se regulan, entre otras cuestiones, el certificado de nacionalidad española de las obras, la calificación por edades, el régimen de coproducción con empresas extranjeras y la regulación de la exhibición cinematográfica.

Accede a la noticia completa pinchando aquí.

Fuente: http://www.lamoncloa.gob.es

El Gobierno regula las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia a través de LEXNET a partir del 1 de enero de 2016

El Gobierno regula las comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia a través de LEXNET a partir del 1 de enero de 2016.

27 de noviembre de 2015

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado hoy el Real Decreto sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LEXNET que, a partir del 1 de enero de 2016, se deberá utilizar para la presentación de escritos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación tanto por los juzgados, tribunales y fiscalías como por los profesionales que colaboran con la Justicia.

Accede a la noticia completa aquí.

Ley 13/2015, de 5 de octubre. Modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Ley 13/2015, de 5 de octubre. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

Fuente original: BOE

Resolución de 14 de julio de 2015, del Departamento de Recaudación de la AEAT.

Resolución de 14 de julio de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilita el pago de determinadas liquidaciones practicadas por la administración a través de la sede electrónica de la Agencia, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@ve PIN).

En sintonía con la filosofía que emana de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria destina parte de sus recursos a explorar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y la realización telemática de trámites en su Sede Electrónica.

Acceda al texto completo aquí.

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

El sábado 25 se publicó la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. La nueva Ley de Patentes que deroga la de 20 de marzo de 1986, entrará en vigor el próximo 1 de abril de 2017.

Esta nueva Ley equipara la normativa española sobre Patentes al ámbito internacional y fortalece el sistema de Patentes nacional, estableciendo un marco legal que prima la actividad verdaderamente inventiva y novedosa, implantando un único procedimiento de concesión que beneficiará a la seguridad jurídica de los solicitantes y mejorará la imagen de la Patente española.

Fuente: BOE,  25 de julio de 2015.

Entra en vigor la reforma del Código Penal.

Entra en vigor la reforma del Código Penal.

El pasado 1 de julio entró en vigor la reforma del Código Penal. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Se modifican 252 de sus artículos y se suprimen 32. Además, se reforman otros 18 artículos de la LECrim, uno de la Ley de Indulto, uno de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y se añade una disposición a la Ley  23/2014,  de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE.

Destacamos las siguientes novedades:

  • Modificación del régimen de penas y su aplicación.
  • Supresión de las faltas y creación de nuevos delitos leves (Libro III CP).
  • Nuevos delitos contra la libertad, la libertad sexual y la intimidad.
  • Mayor protección para la propiedad intelectual (Artículos 270, 271, 274 CP).

Accede al texto completo aquí. 

Las Autoridades europeas de protección de datos aprueban el primer Dictamen conjunto sobre drones.

Las Autoridades europeas de protección de datos aprueban el primer Dictamen conjunto sobre drones.

El documento alerta de que la utilización de estas aeronaves plantea riesgos para la privacidad, recogiendo las obligaciones que deben cumplirse.

  • Incluye recomendaciones a legisladores, reguladores del sector, fabricantes y operadores, así como a las autoridades que utilicen estas aeronaves en sus funciones de vigilancia y control
  • El Dictamen destaca la posibilidad de establecer “miradores únicos” desde los que recoger fácilmente una amplia variedad de información, por largos períodos de tiempo y abarcando grandes áreas
  • El uso de drones equipados con sensores en un entorno estrictamente personal y doméstico estaría excluido de los criterios del Dictamen.

Accede a toda la información y al Dictamen en la Nota de Presa de la AEPD. Nota de Prensa.

Código del Derecho al Olvido en el BOE.

Ya es posible consultar el “Código del Derecho al Olvido”. BOE 4 de noviembre de 2014.

Accede al texto desde aquí.
www.boe.es