Conferencia “La administración electrónica en las nuevas leyes administrativas: una visión para la abogacía”

Ante la inminente entrada en vigor (el próximo 2 de octubre) de las nuevas leyes administrativas, el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, a través de su comisión TIC, en colaboración con la Asociación de Abogados Especialistas en Nuevas Tecnologías de Andalucía (AENTA) y Montero Aramburu Abogados, organiza la Conferencia “La administración electrónica en las nuevas leyes administrativas: una visión para la abogacía”, que será impartida por el Prof. Dr. D. Eduardo Gamero Casado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Consejero de Montero Aramburu Abogados, el próximo jueves 29 de septiembre de 2016 a las 19:15 horas en la sede colegial, C/ Chapineros, 6.

Programa:

  • 19:15-19:30: Presentación por D. José Joaquín Gallardo Rodríguez, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, y  D. Pedro Rodríguez López de Lemus, miembro de la comisión TIC del ICAS y presidente de AENTA.
  • 19:30-20:45: Conferencia del profesor Dr. D. Eduardo Gamero Casado, Catedrático de Derecho Administrativo de la UPO y consejero de Montero Aramburu Abogados.
  • 20:45-21:00. Turno de preguntas y cierre por D. Ignacio Albendea Solís, Socio de Montero Aramburu Abogados.

Inscripción:

La asistencia a esta conferencia no tiene ningún coste, no obstante, es necesaria la inscripción por motivos de aforo. Gracias.

Su nombre y apellidos (requerido):

Su correo electrónico (requerido):

Puede ampliar esta información en el correo electrónico info@aenta.es, o en el teléfono 954222534.

Los datos de carácter personal que no facilite serán tratados por la Asociación de Abogados Especialistas en Nuevas Tecnologías de Andalucía, con la única finalidad de gestionar la inscripción a este evento. Por ello, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Asociación de Abogados Especialistas en Nuevas Tecnologías de Andalucía, C/ Progreso 43, 41013, Sevilla.

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La venta de un ordenador equipado con programas preinstalados no constituye en cuanto tal una práctica comercial desleal

En 2008, un señor adquirió en Francia un ordenador portátil de marca Sony equipado con programas preinstalados (a saber, el sistema de explotación Microsoft Windows Vista y diversos programas de aplicaciones). Al hacer uso por primera vez del ordenador de que se trata, el Sr. no quiso suscribir el «contrato de licencia de usuario final» (CLUF) del sistema de explotación y reclamó a Sony la devolución de la parte del precio de compra del ordenador correspondiente al coste de los programas preinstalados. Sony se negó a efectuar tal devolución, pero propuso al Sr. Deroo-Blanquart anular la venta y restituirle el precio de compra en su integridad, a saber, 549 euros, a cambio de la devolución del material adquirido.

Tras declinar esta proposición, el Sr. reclamó a Sony ante los tribunales la cantidad de 450 euros en concepto de indemnización a tanto alzado por los programas preinstalados, así como la cantidad de 2.500 euros por el perjuicio sufrido como consecuencia de prácticas comerciales desleales. En efecto, una Directiva de la Unión prohíbe las prácticas comerciales desleales que distorsionen el comportamiento económico de los consumidores y que sean contrarias a las exigencias de la diligencia profesional, tales como, entre otras, las prácticas comerciales engañosas y las prácticas comerciales agresivas.

Habiendo de conocer de este litigio, el Tribunal de Casación francés pide al Tribunal de Justicia que dilucide, por una parte, si una práctica comercial consistente en la venta de un ordenador equipado con programas preinstalados, sin que exista la posibilidad de que el consumidor se procure el mismo modelo de ordenador pero desprovisto de los programas preinstalados, constituye una práctica desleal, y, por otra parte, si, en el marco de una oferta conjunta consistente en la venta de un ordenador equipado con programas preinstalados, la falta de indicación del precio de cada uno de esos programas constituye una práctica comercial engañosa.

En la sentencia que dicta en el día de hoy, el Tribunal de Justicia considera, en respuesta a la primera cuestión prejudicial, que la venta de un ordenador equipado con programas preinstalados no constituye en cuanto tal una práctica comercial desleal en el sentido de la Directiva 2005/29, siempre que tal práctica no sea contraria a las exigencias de la diligencia profesional y no distorsione el comportamiento económico de los consumidores. Corresponderá al tribunal nacional determinar este extremo teniendo en cuenta las circunstancias específicas del litigio.

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FUENTE ORIGINAL: Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA nº 86/16

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La agencia de protección de datos investiga a movistar por recabar la geolocalización de sus clientes

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto un expediente sancionador a Movistar por la recogida de datos de geolocalización de sus usuarios, según confirmó este jueves el organismo a Servimedia.

El expediente se ha abierto después de una denuncia de Facua-Consumidores en Acción del pasado mes de junio. La asociación señaló que acceso a dichos datos supone que “Movistar podría tener constancia de si los usuarios acuden regularmente a algún centro médico, a la sede de algún partido político o un templo religioso”, información “especialmente protegida”.

Ver noticia completa en fuente original: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7772645/08/16/La-agencia-de-proteccion-de-datos-investiga-a-movistar-por-recabar-la-geolocalizacion-de-sus-clientes.html

Andalucía registra cada día 30 denuncias por «ciberdelitos»

Internet es el nuevo escenario donde los cuerpos de seguridad y la delincuencia debaten su eterna lucha entre el bien y el mal. Terroristas, pedófilos, acosadores, proxenetas o estafadores han encontrado en la Red un mundo paralelo en el que desarrollar sus prácticas ilegales tras adaptarse al actual contexto tecnológico. Dentro de esta nueva realidad, que exige la especialización de los investigadores, Andalucía ocupa un lugar predominante al ser la comunidad que el pasado año acumuló más hechos denunciados: un total de 11.178.

Ver noticia completa en fuente original: http://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-andalucia-registra-cada-30-denuncias-ciberdelitos-201608140818_noticia.html

Twitter elimina 235.000 cuentas por apología del terrorismo

En los últimos seis meses Twitter ha bloqueado el acceso a 235.000 usuarios registrados por apología del terrorismo o comportamientos violentos en la red social, un 80% más que las cuentas canceladas en el mismo periodo del pasado año según datos facilitados por la propia empresa.

Se trata, en su mayoría, de cuentas vinculadas a grupos extremistas como IS y que hasta hace poco podían operar con relativa impunidad. Twitter las bloqueaba si recibía una petición formal y se demostraba que no cumplían con los términos y condiciones del servicio pero no las perseguía por iniciativa propia.

Esta política cambió a mediados de 2015 y en febrero de este año la red social confirmó el cierre de más 125.000 cuentas por apología del terrorismo o pertenecientes a organizaciones violentas.

Ver noticia completa en fuente original: http://www.elmundo.es/tecnologia/2016/08/19/57b68e7122601d6d238b466c.html

El Tribunal Constitucional declara inconstitucionales las tasas judiciales

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Las tasas afectadas son sólo las exigidas a las personas jurídicas; la reforma de la ley por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, eximió del pago del tributo a las personas físicas, por lo que el Tribunal ha declarado extinguido el objeto del recurso en lo que se refería a dichas tasas.

Ha sido ponente de la resolución el Magistrado Santiago Martínez-Vares. En concreto, el Tribunal anula los incisos del art. 7.1 de la ley que prevén las siguientes cuotas fijas:

1) la de 200 euros para interponer el recurso contenciosoadministrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contenciosoadministrativo ordinario.

2) la de 800 euros para promover recurso de apelación y de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el orden civil.

3) la de 800 euros para el recurso de apelación y 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso-administrativo.

4) así como también la nulidad de la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social.

También ha sido declarado inconstitucional el art. 7.2, que impone una cuota variable cuya cuantía será la que resulte de aplicar al valor económico del litigio el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala: de 0 a 1.000.000€, 0,5%; el resto, un tipo porcentual del 0,25. Máximo variable: 10.000€.

El Tribunal Constitucional considera que el establecimiento de tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, en sí mismo, el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE); no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial (art. 106 CE) ni tampoco el principio de gratuidad de la Justicia (art. 119. CE). El legislador, explica la sentencia, tiene libertad para regular los requisitos del acceso gratuito a la Justicia, siempre y cuando garantice el ejercicio de este derecho a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Ahora bien, considera que la cuantía de las tasas (tanto la cuota fija como la variable) resultan desproporcionadas y, tal y como alegaban los demandantes, pueden producir un efecto disuasorio en los ciudadanos a la hora de acudir a los Tribunales de Justicia en el ejercicio de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal analiza los requisitos que la doctrina exige a las normas que, como la impugnada, limitan un derecho fundamental: la legitimidad de los fines perseguidos y la proporcionalidad de la medida legislativa.

Los fines perseguidos por la ley recurrida, afirma la sentencia, son constitucionalmente legítimos. Así ocurre con el primero de ellos, que es evitar las “situaciones de abuso” que generan aquellos que no buscan la tutela de los tribunales sino ventajas mediante la dilación de los procedimientos; y también con el segundo, que es la financiación mixta de la Justicia. Respecto a este último, su legitimidad se debe a que el hecho imponible gravado por la tasa no es el servicio público de la Justicia (entendido como dotación de medios materiales y personales), sino el “ejercicio de la potestad jurisdiccional”. A través de los procesos, en cada uno de los órdenes jurisdiccionales, se materializa “a diario la función que nuestra Constitución encomienda con carácter exclusivo a los órganos de un Poder del Estado (…) como es el Poder Judicial”. Sin embargo, la legitimidad de esta segunda finalidad no puede suponer la implantación de unas tasas excesivas que imposibiliten el acceso a la Justicia, garantizado en el art. 24.1 CE.

Por ello, el Tribunal debe analizar también la proporcionalidad de la medida. Según la doctrina constitucional, para que una medida legislativa se considere proporcionada, debe cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En este caso, la medida no es idónea para conseguir la finalidad de acabar con los recursos abusivos. De hecho, al tratarse de un sistema de tasas en el que todos pagan lo mismo, su objetivo de prevenir o disuadir de la interposición de recursos abusivos “se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes”; y, sin embargo, “perjudica (…) al justiciable que ejercita correctamente su derecho a recurrir”, que se ve obligado a pagar una tasa con la que se pretende erradicar un comportamiento que le es ajeno.

La imposibilidad de establecer un control previo sobre los recursos “no puede justificar la imposición indiscriminada de esa tasa, bajo el sustento de un propósito disuasorio frente a una patología a fin de cuentas minoritaria”. Además, nuestro ordenamiento ya preveía un instrumento disuasorio, como es el depósito para recurrir. La sentencia concluye que la imposición de la tasa no es idónea porque no cumple con su objetivo y porque no existen razones objetivas que justifiquen la imposición de una nueva medida disuasoria por una supuesta falta de eficacia de los depósitos.

Por el contrario, la imposición de la tasa sí es una medida idónea para la consecución del segundo fin, el de la financiación mixta de la justicia. Y también es necesaria, pues no hay, ni la alegan los recurrentes, una alternativa a la tasa para conseguir la finalidad de “fijar una corresponsabilidad económica por parte de todo aquel que genera la actividad procesal cuya realización produce un coste para el Estado”.

El último requisito que analiza el Tribunal es el de la proporcionalidad en sentido estricto. En el caso de la cuota fija exigida para iniciar un proceso en el orden contencioso administrativo (la demanda no contiene alegaciones sobre el orden civil, lo que impide al Tribunal pronunciarse), la sentencia advierte que en el acceso a esta jurisdicción no solo está en juego el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), sino también la “efectividad” de los mandatos de los arts. 103.1 y 106.1, ambos de la Constitución, con los que se asegura el sometimiento de las Administraciones públicas al control judicial de su actividad. El efecto disuasorio de dichas tasas no queda anulado ni por el límite establecido (no pueden superar el 50% la sanción económica recurrida) ni por la reducción del importe de la sanción en caso de pago voluntario. Además, afirma la sentencia, los procesos del orden contencioso administrativo no se agotan en los recursos contra las multas.

El Tribunal advierte, finalmente, de lo gravoso que resulta para el justiciable sumar, al pago de la tasa, los honorarios de abogado y procurador. Por todo ello, la tasa fija de 200 euros para la interposición de un recurso contencioso administrativo abreviado y la de 350 euros para el ordinario resultan desproporcionadas y por ello contrarias al derecho de acceso a la jurisdicción.

En cuanto a las tasas exigidas para la interposición de los recursos, la sentencia considera que la justificación contenida en la memoria económica de la ley es insuficiente, pues se limita a señalar que es legítimo fijarlas en cuantías superiores a las de la primera instancia y que su recaudación no es suficiente para cubrir los costes generados por la segunda instancia.

A este respecto, la sentencia afirma, por un lado, que “el objetivo de la financiación mixta de la Justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental”; y, por otro, que la cuantía de las tasas para recurrir resoluciones judiciales “no atiende a la realidad económica de una mayoría significativa de sus destinatarios, a los cuales resulta excesiva”, afirmación esta última que el Tribunal realiza sobre la base de datos estadísticos oficiales relativos al sector del comercio. En consecuencia, esas tasan vulneran el derecho protegido por el art. 24.1 CE al poder disuadir la de la interposición del recurso.

Respecto a la cuota variable (segunda cantidad que se exige al justiciable en función de un determinado porcentaje sobre el valor económico del litigio), el Pleno considera que “eleva innecesariamente la carga económica” sobre el recurrente sin que el legislador especifique a qué criterio responde su exigencia. Por tanto, resulta inconstitucional por infringir el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y al recurso.

El Tribunal aclara que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas sólo producirá efectos “pro futuro”, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos donde no haya recaído una resolución firme. La sentencia no ordena la devolución de las cantidades pagadas en relación con las tasas declaradas nulas ni en los procedimientos finalizados por resolución firme ni tampoco en los no finalizados en el que el pago de la tasa se satisfizo sin que fuera impugnada por vulneración del art. 24.1 CE. De hecho, en este último supuesto, la ausencia de la impugnación de la tasa dio firmeza a la liquidación del tributo.

Ver Sentencia completa: http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_074/2013-00973STC.pdf

Confirmada la condena a dos personas a 6 meses de cárcel por vender chips para piratear consolas de videojuegos

La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de dos condenados por un delito contra la propiedad intelectual y ha ratificado la condena de seis meses de prisión, una multa de 2.160 euros y una indemnización conjunta de 4.290 euros en favor de Nintendo y la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). Los condenados son el administrador y el socio de la entidad ‘Digital Garaje S.L.’, titulares de los establecimientos comerciales ‘Gigabyte Sistemas’ en las localidades sevillanas de El Rubio y Écija, que vendían e instalaban chips que violaban los sistemas de protección de consolas de sobremesa de Nintendo, Sony y Microsoft para que pudiesen utilizar videojuegos piratas y cartuchos que permitían piratear videojuegos en las consolas portátiles Nintendo DS. El proceso se inició tras la denuncia interpuesta por AEVI por un delito contra la propiedad intelectual. Pese a que los condenados alegaron que estos dispositivos se comercializaban con fines distintos a la piratería, la Audiencia Provincial confirma ahora -como ya había hecho el Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla en enero de 2015- que estaban específicamente destinados a la utilización de videojuegos piratas.

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FUENTE: 20 MINUTOS 

28 de junio- Curso taller “Implantación de Protección de Datos para Abogados (incluyendo las novedades del Reglamento europeo)”

La Comisión de Protección de Datos en Andalucía de AENTA, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, va a impartir el curso taller “Implantación de Protección de Datos para Abogados (incluyendo las novedades del Reglamento europeo)”, que se celebrará el próximo martes 28 de junio de 2016 a las 17:00 horas en la sede colegial, C/ Chapineros, 6.

OBJETIVOS:

El objetivo de este curso taller es que los abogados aprendan a adaptar a sus clientes y a sus despachos a las exigencias que marca la normativa de protección de datos y aprendan las funciones del Delegado de protección de datos, nueva figura regulada en el Reglamento europeo de protección de datos.

PRECIO:

El precio de este curso es de 60 € para los colegiados, y 90 € para los no colegiados. Este precio incluye la entrega de la última edición del “Manual de implantación LOPD para Abogados”, el material del curso (modelo de inscripción de ficheros, modelo de análisis legal del tratamiento, modelo de Documento de Seguridad, etcétera), el diploma acreditativo de la realización del mismo, y el derecho a realizar gratuitamente el curso online “LOPD para Abogados” a través de la plataforma online formacionjuridica.es para así reforzar lo aprendido en el curso y poder resolver las dudas que se planteen en las implantaciones LOPD.

REGISTRO DE ESPECIALISTAS EN PROTECCIÓN DE DATOS:

Aquellos que realicen el curso presencial y superen el curso gratuito online “LOPD para Abogados” a través de la plataforma online formacionjuridica.es tendrán derecho a ser incluidos en la lista pública de profesionales especialistas en protección de datos de la comisión de Protección de Datos en Andalucía.

PROGRAMA: 

17:00-19:00: La LOPD, su Reglamento de desarrollo, y el Reglamento europeo de protección de datos, aplicado a los Abogados.
19:00-19:20: Cómo localizar, notificar e inscribir ficheros en el Registro General de Protección de Datos.
19:20-19:40: Cómo analizar los tratamientos de datos, y redactar las cláusulas y contratos necesarios.
19:40-20:00: Cómo gestionar los derechos ARCO.
20:00-20:20: Cómo redactar e implantar el Documento de Medidas de Seguridad.
20:20-20:40: Como llevar a cabo una implantación LOPD.
20:40-21:00: Funciones del Delegado de protección de datos.

PONENTE:

Pedro Rodríguez López de Lemus.

INSCRIPCIÓN:

Puede inscribirse a través de la web http://www.protecciondedatosenandalucia.es/cursosevilla/ , en el 954222534, o enviando un correo electrónico a info@protecciondedatosenandalucia.es, indicándonos su nombre y apellidos, empresa (si procede), NIF, dirección postal, correo electrónico, nº de colegiado (si procede), teléfono, e indicando si solicita factura. Tras realizar la inscripción debe hacer el pago del curso.

Puede ampliar esta información en el correo electrónico info@protecciondedatosenandalucia.es, o en el teléfono 954222534.