La CE culmina su propuesta para ‘acabar’ con el roaming

La Comisión Europea ha presentado la que debería ser su propuesta definitiva para ‘acabar’ con el roaming en junio de 2017. Un texto más avanzado y beneficioso para los europeos que estén fuera de su país, pero que permite a las operadoras, en última instancia, preguntar a sus clientes por sus hábitos de consumo e incluso “pedirles que cambian sus patrones de viajes” para evitar abusos en el servicio.

El roaming, la tarifa que las operadoras cargan a los clientes cuando viajan al extranjero, no va a desaparecer, no al menos del todo y literalmente. Pero para la amplia mayoría de los europeos la reforma que se está ultimando supondrá que no tengan que pagar más ni un céntimo adicional cuando salgan de sus países. Y que pondrán llamar, enviar mensajes de texto o navegar en las mismas condiciones y con los mismos costes que si lo hicieran en casa. Con algunas excepciones…

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FUENTE ORIGINAL: EL MUNDO.ES

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña declara nula una cláusula relativa al desbloqueo de terminales

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña ha estimado la demanda interpuesta por el Ministerio fiscal, Adicae y diferentes particulares contra Vodafone y declara nula por abusiva una cláusula relativa al desbloqueo de terminales.

El juez considera nula la condición general concretada en el punto 8 de los contratos, en el que prevé el cobro de una cantidad al cliente por liberalizar los terminales móviles. “En definitiva –se indica en el fallo- una vez finalizado el periodo de permanencia, o con anterioridad, si se ha abonado la cláusula penal o se están cumpliendo las obligaciones derivadas del contrato, el cliente debe tener la posibilidad de utilizar libremente el terminal”. La sentencia explica también que el fallo ha de aplicarse a todos los clientes que hayan celebrado o vayan a celebrar contratos en los que la demandada preste servicios de telefonía móvil, aunque no hayan sido parte en el proceso. Además, se condena a Vodafone a devolver las cantidades cobradas, incluidos los impuestos.

El juez acuerda asimismo que se impondrá una multa coercitiva a Vodafone de cinco mil euros por cada día que transcurra, a partir de los dos meses siguientes a la fecha de la firmeza de la sentencia, en caso de que la empresa no haya cesado en el uso de las condiciones generales declaradas nulas.

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FUENTE ORIGINAL: COMUNICACIÓN PODER JUDICIAL

Sanción a Atresmedia por publicidad encubierta

La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) ha sancionado con 103.725 euros a Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. por publicidad encubierta de Clínica Baviera.

En concreto, este expediente se refiere al programa “Objetivo Bienestar” emitido en el canal Nova de Atresmedia, el 20 de marzo de 2016. Durante este programa se emitió un espacio de carácter divulgativo e informativo de unos 10 minutos de duración, con entrevistas y reportajes, promoviendo el nombre y la actividad de la Clínica Baviera con propósito publicitario.

El artículo 18.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual prohíbe la publicidad encubierta: “Está prohibida la comunicación comercial encubierta y la que utilice técnicas subliminales”.

Contra esta decisión, Atresmedia podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en un plazo de dos meses.

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FUENTE ORIGINAL: Comisión Nacional de Mercados y la Competencia

La CNMC incoa expediente sancionador a Atresmedia y a Mediaset por superar el tiempo de emisión de publicidad

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha decidido incoar un expediente sancionador a Atresmedia y otro a Mediaset por superar los límites de tiempo de emisión dedicados a los mensajes publicitarios, regulados en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

Esta Ley establece el límite de tiempo de emisión de publicidad de mensajes publicitarios y de televenta en 12 minutos por hora natural (“Para el cómputo de esos 12 minutos se tendrá sólo en cuenta el conjunto de los mensajes publicitarios y la televenta, excluyéndose el patrocinio y el emplazamiento. También se excluirá del cómputo la telepromoción cuando el mensaje individual de la telepromoción tenga una duración claramente superior a la de un mensaje publicitario y el conjunto de telepromociones no supere los 36 minutos al día, ni los 3 minutos por hora de reloj”). 

Las infracciones detectadas en Mediaset tuvieron lugar entre enero y mayo de 2016 en sus canales de televisión Telecinco, Cuatro, Divinity y Energy. Por lo que respecta a Atresmedia, el exceso de publicidad se ha contabilizado en Antena 3, también entre enero y mayo de este año.

La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 6 meses para la instrucción del expediente y resolución del expediente por parte dela CNMC. Atresmedia y Mediaset disponen de un plazo de quince días para presentar alegaciones.

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FUENTE: CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)

La Comisión actualiza las normas audiovisuales de la UE y presenta un enfoque selectivo para las plataformas en línea

Bruselas, 25 de mayo de 2016

La Comisión Europea ha propuesto una actualización de la normativa sobre el sector audiovisual de la UE con objeto de crear un entorno más equitativo para todos los agentes, promover películas europeas, proteger a los niños y luchar mejor contra la incitación al odio. Esta propuesta refleja también un nuevo enfoque para las plataformas en línea y aborda problemas en varios ámbitos.

Como parte de su estrategia para el mercado único digital, la Comisión ha presentado una actualización de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual: las normas comunes que han regulado los medios audiovisuales y garantizado la diversidad cultural y la libre circulación de contenidos en la UE durante casi 30 años. En la actualidad, los espectadores no solo miran contenidos de vídeo a través de sus canales de televisión, sino que, cada vez más, también lo hacen a través de servicios de vídeo a la carta (como Netflix y MUBI) y plataformas de intercambio de vídeos (YouTube y Dailymotion). Por ello la Comisión quiere lograr un mayor equilibrio de las normas que se aplican hoy día a las empresas de radiodifusión tradicionales, a los proveedores de vídeo a la carta y a las plataformas de intercambio de vídeos, especialmente en lo que se refiere a la protección de los niños. La Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada también potencia la promoción de la diversidad cultural europea, refuerza la independencia de los reguladores audiovisuales y ofrece más flexibilidad a las empresas de radiodifusión con respecto a la publicidad.

Esta propuesta refleja el nuevo enfoque de la Comisión sobre las plataformas en línea, como los mercados en línea, los motores de búsqueda, los sistemas de pago, las redes sociales y los sitios de intercambio de vídeos y contenidos. Desde la puesta en marcha de la estrategia para el mercado único digital en mayo de 2015, la Comisión ha realizado una evaluación exhaustiva de la función social y económica de estos nuevos agentes. Hoy ha concluido que un enfoque «de talla única» no es el más apropiado para que los consumidores disfruten de las oportunidades y para que las normas solventen los diferentes problemas que plantean los muy diversos tipos de plataformas en línea. Partiendo de este planteamiento, la Comisión analizará cada zona en la que puede actuar, desde las telecomunicaciones a las normas sobre derechos de autor, para resolver problemas específicos mediante soluciones con futuro para todos los agentes del mercado.

En palabras de Andrus Ansip, vicepresidente responsable del mercado único digital: «Quiero que las plataformas en línea y los sectores audiovisual y creativo sean fuentes inagotables en la economía digital, sin lastrarlos con normas innecesarias. Tanto unas como otros necesitan la seguridad de un marco jurídico moderno y justo: eso es lo que ofrecemos hoy. Ello implica que no hay que modificar las normas existentes que funcionan, como las aplicables a la responsabilidad de los proveedores de servicios en línea. También supone desregular en caso necesario sectores tradicionales, como la radiodifusión, o hacer extensivas determinadas obligaciones a las plataformas digitales y otros agentes digitales para mejorar la protección de los usuarios y lograr unas condiciones equitativas».

Por su parte, Günther H. Oettinger, comisario de Economía y Sociedad Digitales, ha afirmado lo siguiente: «Puede que haya cambiado el modo en que miramos la televisión o los vídeos, pero nuestros valores no se han modificado. Con estas nuevas normas, vamos a defender el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia de los reguladores audiovisuales y vamos a cerciorarnos de que la incitación al odio no tenga cabida en las plataformas de intercambio de vídeos. También queremos garantizar unas condiciones equitativas, un comportamiento responsable y confianza y equidad en el entorno de las plataformas en línea: la Comunicación de hoy presenta nuestra visión para lograrlo».

Un marco para los medios de comunicación del siglo XXI

La Comisión ha realizado una evaluación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual de 2010 y, sobre esta base, ha propuesto lo siguiente:

  • Plataformas responsables de intercambio de vídeos: las plataformas que organicen y marquen una gran cantidad de vídeos tendrán que proteger a los menores de contenidos nocivos (como pornografía o violencia) y proteger a todos los ciudadanos de la incitación al odio. Entre las medidas pormenorizadas hay instrumentos para que los usuarios notifiquen y marquen contenidos nocivos y sistemas de verificación de la edad o de control parental. Para asegurarse de que las medidas tienen futuro y son eficaces, la Comisión invitará a todas las plataformas de intercambio de vídeos a trabajar en la alianza para proteger mejor a los menores en línea, con miras a elaborar un código de conducta para el sector. Antes que ser sencillamente autorreguladores, los reguladores audiovisuales nacionales tendrán la facultad de aplicar normas, que, dependiendo de la legislación nacional, podrán también dar lugar a multas.
  • Una función más activa de los reguladores audiovisuales: la Directiva garantizará a partir de ahora que las autoridades reguladoras sean verdaderamente independientes de los gobiernos y del sector y puedan desempeñar su papel de forma óptima: garantizar que los medios audiovisuales actúan en interés de los espectadores. La función del Grupo de Reguladores Europeo para los Servicios de Medios Audiovisuales (ERGA), compuesto de veintiocho reguladores audiovisuales nacionales, se establecerá en la legislación de la UE. El grupo evaluará los códigos de conducta correguladores y asesorará a la Comisión Europea.
  • Más creatividad europea: actualmente, las empresas de radiodifusión televisiva europeas invierten alrededor del 20 % de su volumen de negocios en contenidos originales y los proveedores a la carta, menos del 1 %. La Comisión desea que dichas empresas sigan destinando al menos la mitad del tiempo de emisión a obras europeas y obligará a los proveedores a la carta a velar por que en sus catálogos haya al menos una participación del 20 % de contenidos europeos. La propuesta también aclara que los Estados miembros pueden pedir a los servicios a la carta disponibles en su país que contribuyan financieramente a obras europeas.
  • Mayor flexibilidad para las empresas de radiodifusión televisiva: los espectadores molestos por el exceso de anuncios televisivos pueden sintonizar ofertas en línea sin anuncios que no existían hace una década. La reglamentación audiovisual revisada responde a esta situación y a otras realidades nuevas. La Directiva revisada ofrece a las empresas de radiodifusión una mayor flexibilidad en cuanto al momento para ofrecer anuncios publicitarios: se mantiene el límite general del 20 % del tiempo de emisión entre las 7 horas y las 23 horas, pero en lugar de los doce minutos por hora actuales, las empresas de radiodifusión podrán elegir con mayor libertad el momento de ofrecer la publicidad a lo largo del día. Las empresas de radiodifusión televisiva y los proveedores a la carta también disfrutarán de una mayor flexibilidad para utilizar la colocación de productos y el patrocinio, manteniendo informado al espectador.

Se espera que estas diferentes medidas tengan una incidencia económica positiva para los proveedores de servicios de comunicación —principalmente las empresas de radiodifusión televisiva— y aumenten su capacidad para invertir en contenidos audiovisuales. Ello es importante para la competitividad del sector audiovisual de la UE.

Plataformas en línea: oportunidades y desafíos para Europa

Las plataformas en línea desempeñan un papel fundamental en la innovación y el crecimiento en el mercado único digital, al haber revolucionado el acceso a la información y conectado mejor y de forma más eficaz a compradores y vendedores. Es necesario que la UE actúe con objeto de crear el entorno adecuado para atraer, retener y desarrollar nuevos innovadores de plataformas en línea.

La Comisión ha esbozado un enfoque selectivo basado en principios y destinado a solucionar los problemas señalados por los participantes de la consulta pública de la Comisión en el transcurso de la evaluación de las plataformas, que ha durado un año. La Comisión respaldará los esfuerzos del sector y de las partes interesadas en favor de la autorregulación y la corregulación, para garantizar que este enfoque siga siendo flexible y se mantenga actualizado. Los ámbitos de actuación comprenden lo siguiente:

  • Normas comparables para servicios digitales comparables: los servicios digitales comparables deben cumplir las mismas normas o normas similares y, en la medida de lo posible, la Comisión debe reducir el ámbito de aplicación y el alcance de la normativa vigente. La Comisión aplicará estos principios a las revisiones en curso de la legislación sobre telecomunicaciones de la UE y de la Directiva sobre la privacidad electrónica, por ejemplo, a la hora de examinar si las normas de confidencialidad deben aplicarse a los proveedores de servicios de comunicación en línea, así como a las empresas de telecomunicaciones tradicionales.
  • Obligación de que las plataformas en línea actúen de forma responsable: debe mantenerse el actual régimen de responsabilidad de los intermediarios, establecido en la Directiva sobre el comercio electrónico. Los problemas específicos se abordarán con instrumentos selectivos, como las normas audiovisuales o sobre los derechos de autor o aumentando los esfuerzos voluntarios del sector.
    Por ejemplo, la Comisión está trabajando intensamente con las principales plataformas en línea sobre un código de conducta para combatir la incitación al odio en línea y presentará los resultados en las próximas semanas.
  • La confianza es imprescindible: la cooperación para la ejecución transfronteriza garantizará que las plataformas cumplan sus obligaciones sobre los derechos de los consumidores, por ejemplo, indicar claramente los resultados de las búsquedas patrocinadas. La Comisión instará también al sector a redoblar los esfuerzos voluntarios para hacer frente a prácticas como las críticas en línea falsas o engañosas. También animará a las plataformas en línea a reconocer los distintos tipos de identificaciones electrónicas seguras (eID), que ofrecen la misma garantía que sus propios sistemas de identificación electrónica.
  • Mercados abiertos para una economía de los datos: la iniciativa de libre circulación de datos, prevista para finales del año 2016, facilitará la portabilidad de datos y el traslado de estos entre diferentes plataformas en línea y servicios de computación en nube.
  • Un entorno empresarial justo y favorable a la innovación: la Comisión realizará un examen de las cuestiones planteadas en la consulta pública por las empresas y los proveedores que interactúan directamente con las plataformas. Entre ellas cabe citar, por ejemplo, las preocupaciones sobre las cláusulas abusivas, en particular para el acceso a bases de datos importantes, el acceso a los mercados y la falta general de transparencia. Sobre esta base, la Comisión determinará, antes de la primavera de 2017, si se necesitan nuevas actuaciones de la UE en este ámbito.

En su próxima agenda Europea para la economía colaborativa, la Comisión proporcionará asimismo orientaciones sobre la legislación aplicable de la UE y formulará recomendaciones a los Estados miembros.

 

El Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones

El Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado Sentencia en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitat de Cataluña contra los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7; 65; 69.j).6; y, por conexión, 73 y 74, de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, desestimando el recurso, con la excepción de la declaración de inconstitucional y nulo, un inciso del párrafo quinto del artículo 34.6 de la Ley, relativo a una regulación puntual de un plazo.

La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional dictada el 4 de febrero de 2016, que resuelve el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Generalitat de Cataluña el 5 de febrero de 2015,  señala en los antecedentes que el recurso dividió los preceptos impugnados en dos bloques: el primero integrado por los artículos 34.3, 5 y 6; 35.4 y 7 y 45.4 de la Ley General de Telecomunicaciones, que a juicio del recurrente, vulneraban las competencias exclusivas de la Generalitat sobre ordenación territorio, el paisaje y el urbanismo (artículos 149.1 y 5 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); y un segundo bloque de preceptos recurridos que incluye los artículos 65, 69.j).6 y, por conexión, 73 y 74 que infringían su competencia sobre regulación y control de los medios de comunicación audiovisual (artículo 146 del Estatuto de Autonomía).

Tras recordar la doctrina constitucional en relación con supuestos de concurrencia de los títulos competenciales sectorial (telecomunicaciones), de titularidad estatal y títulos de carácter transversal u horizontal (urbanismo, ordenación del territorio), de titularidad autonómica, el Tribunal señala en relación con el primer bloque de preceptos que no ve una limitación vulneradora de dichas competencias autonómicas en materia de urbanismo y ordenación.

Tampoco aprecia el Tribunal inconstitucionalidad en los artículos del segundo bloque de preceptos impugnados, el 65 y el 69.j).6. y por conexión, 73 y 74, concluyendo el máximo órgano constitucional  que “las competencias autonómicas sobre medios de comunicación social no incluyen la inspección, control y protección del uso del dominio público radioeléctrico desvinculado de los medios de comunicación social usuarios del mismo, de sus títulos habilitantes y de los contenidos difundidos”.

Sin embargo el Tribunal declara inconstitucional y nulo el inciso del  párrafo quinto del artículo 34.6 de la Ley, párrafo relativo al plan de despliegue o instalación de red pública de comunicaciones electrónicas, que se entenderá aprobado si la administración pública competente, no ha dictado resolución expresa. El Tribunal considera necesario en este caso el establecimiento de la regla general del silencio positivo para garantizar el funcionamiento del sistema, eliminando la incertidumbre asociada a la falta de respuesta. Sin embargo, no ampara la fijación del concreto plazo de dos meses dado para la aprobación de los planes, contenida en el inciso ”transcurridos dos meses desde su presentación”, que considera que vulnera la competencia de la Generalitat en materia de procedimiento administrativo.     

Otras modificaciones introducidas por la Ley General que refuerzan el principio de seguridad jurídica   

Impulsa una simplificación administrativa, eliminando licencias y autorizaciones y eliminando cargas administrativas innecesarias.

Introduce medidas que permiten el acceso a las redes de operadores de otros sectores como el del gas, la electricidad o el transporte en condiciones equitativas, no discriminatorias, neutrales y orientadas a costes.

Refuerza la coordinación de los Derechos de Usuarios estableciendo un procedimiento para  solucionar  las posibles controversias a través de una Comisión Bilateral constituida al efecto. También refuerza el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico introduciéndose precisiones sobre las cookies.

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa 

La ley está teniendo un impacto positivo en los despliegues de redes y en la cobertura de la población. Como hitos relevantes destacan:

  • 9,2 millones de accesos de fibra instalados (1,6 millones en 2012) desplegados fundamentalmente por Telefónica y Jazztel (Orange).
  • España primer país de Europa en despliegue de fibra.
  • El 65% de la población tiene cobertura a 100 Mbps.
  • El 4G ya está disponible para el 79 % de la población, cuando en 2012 nadie podía acceder a dicha tecnología.

En materia de infraestructuras, España está en disposición de cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa e impulsar los retos de la economía digital.

FUENTE ORIGINAL: NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO

Mobile World Congress 2016

El Mobile World Congress (MWC) es un congreso de carácter anual en torno al mundo de la comunicación móvil, actualmente desde hoy 22 de febrero hasta el próximo 25 de febrero se celebra en Barcelona, España.

Durante esta semana tendrán lugar múltiples eventos cuya información se podrá seguir desde la siguiente dirección: https://www.mobileworldcongress.com/

Drones socorristas para ‘ganar tiempo’ en salvamento marítimo

Drones socorristas para ‘ganar tiempo’ en salvamento marítimo.

El dron tarda en llegar al lugar del incidente en tres veces menos tiempo que un socorrista, lo que contribuye a descender la tasa de ahogamientos.

Cuando una tecnología nueva irrumpe en la vida diaria de las personas no tarda mucho en encontrar nuevas y geniales aplicaciones. Por ahora, los drones estaban pensados para el ocio, para repartos o para grabar vídeos.

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Fuente: vía @elmundoes

 

El Juzgado Mercantil nº1 de A Coruña admite una demanda colectiva contra Vodafone presentada por la Fiscalía

El Juzgado de lo Mercantil nº1 de A Coruña ha admitido a trámite una demanda interpuesta por el Ministerio fiscal contra Vodafone en relación a la cantidad cobrada por la empresa por los códigos de desbloqueo de terminales. Los usuarios que se consideren perjudicados por la práctica denunciada tienen hasta el 1 de junio para personarse en la causa. Una vez finalice este plazo, que es improrrogable, se fijará fecha para el juicio.

A la demanda colectiva del Ministerio fiscal, “ejercitando acciones de cesación, devolución de cantidades cobradas por la demandada e indemnización por daños y perjuicios” pueden sumarse tanto asociaciones como particulares de todo el territorio nacional.

En la vista celebrada para decidir sobre las medidas cautelares, el juez acordó librar mandamiento al registro de condiciones generales de la contratación para que se anote preventivamente la interposición de la demanda.

La Fiscalía sostiene que “Vodafone impone una limitación técnica a los teléfonos móviles facilitados a sus clientes que impide utilizarlos con otras compañías operadoras y restringe la posibilidad de destinarlos a otros fines”. Relata la demanda que “absorbió a la empresa de telefonía Airtel. En consecuencia, se subrogó en la posición que ostentaba Airtel con respecto a sus clientes y también cobró indebidamente cantidades por liberalizar teléfonos móviles que procedían de contratos suscritos por clientes de Airtel. La cantidad exigida por la demandada a cambio de los códigos de desbloqueo (simlock) de los terminales asciende a 9,68 euros, impuestos incluidos”.

Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

El pasado día 11 de mayo del 2014 entró en vigor la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de TelecomunicacionesEsta ley persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que requiere, en la actual situación de evolución tecnológica e incertidumbre económica, asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado.

Para ello, la Ley persigue, como uno de sus principales objetivos, el de recuperar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, estableciendo procedimientos de coordinación y resolución de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las Administraciones competentes dictada en el ejercicio de sus competencias que pueda afectar al despliegue de redes y a la prestación de servicios.

Con el mismo objetivo de facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, se procede a una simplificación administrativa, eliminando licencias y autorizaciones por parte de la administración de las telecomunicaciones para determinadas categorías de instalaciones que hacen uso del espectro. En la misma línea se prevé una revisión de las licencias o autorizaciones por parte de las Administraciones competentes, eliminando su exigibilidad para determinadas instalaciones en propiedad privada o para la renovación tecnológica de las redes y se facilita el despliegue de las nuevas redes permitiendo el acceso a las infraestructuras de otros sectores económicos susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas.

En esta misma línea de reducción de cargas administrativas, la Ley simplifica las obligaciones de información de los operadores, a los que únicamente se les podrá solicitar  aquella información que no se encuentre ya en poder de las Autoridades Nacionales de  Reglamentación.

Asimismo, se establecen condiciones estrictas para la existencia de operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas, de manera que, fuera del concepto de autoprestación, se garantice la provisión de los servicios bajo condiciones de mercado y criterios de inversor privado, evitando de este modo que se produzcan distorsiones de la competencia, y con el objetivo de racionalizar el gasto público.

La Ley incorpora, asimismo, las previsiones recogidas en la Ley 3/2013, de 4 de junio,  de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, atribuyendo  en todo caso a dicha Comisión las competencias de regulación ex ante y resolución de conflictos entre operadores reconocidas por la normativa comunitaria.

Por último, como necesario contrapunto a la reducción de las cargas y obligaciones  impuestas a los operadores, la Ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y  las potestades de inspección y sanción, facilitando la adopción de medidas cautelares y  revisando la cuantía de las sanciones.

En definitiva, los criterios de liberalización del sector, libre competencia, de  recuperación de la unidad de mercado y de reducción de cargas que inspiran este texto  legal pretenden aportar seguridad jurídica a los operadores y crear las condiciones  necesarias para la existencia de una competencia efectiva, para la realización de  inversiones en el despliegue de redes de nueva generación y para la prestación de  nuevos servicios, de modo que el sector pueda contribuir al necesario crecimiento económico del país.

Finalmente, la Ley modifica diversos textos normativos. En particular, se modifican diversos preceptos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a fin de adaptarla al marco social y económico actual. En concreto, se introducen precisiones sobre el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos derivado de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en sus equipos terminales, y se establecen criterios para la modulación de las sanciones.