Sede Electrónica de la Administración del Estado.

En 2012 se acordó por el Consejo de Ministros la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Entre otras medidas de reforma, CORA ha propuesto al Gobierno el establecimiento del Punto de Acceso General (PAG) como punto de entrada general, vía Internet, del ciudadano a las Administraciones Públicas.

Hoy 27 de octubre de 2014 se publica en el BOE la Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica.

Desde el próximo 29 de octubre a las 12h, se podrá acceder al nuevo portal Punto de Acceso General (http://administracion.gob.es).

Accede a la BOE (Orden HAP/1949/2014).

Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

El pasado día 11 de mayo del 2014 entró en vigor la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de TelecomunicacionesEsta ley persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que requiere, en la actual situación de evolución tecnológica e incertidumbre económica, asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado.

Para ello, la Ley persigue, como uno de sus principales objetivos, el de recuperar la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones, estableciendo procedimientos de coordinación y resolución de conflictos entre la legislación sectorial estatal y la legislación de las Administraciones competentes dictada en el ejercicio de sus competencias que pueda afectar al despliegue de redes y a la prestación de servicios.

Con el mismo objetivo de facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, se procede a una simplificación administrativa, eliminando licencias y autorizaciones por parte de la administración de las telecomunicaciones para determinadas categorías de instalaciones que hacen uso del espectro. En la misma línea se prevé una revisión de las licencias o autorizaciones por parte de las Administraciones competentes, eliminando su exigibilidad para determinadas instalaciones en propiedad privada o para la renovación tecnológica de las redes y se facilita el despliegue de las nuevas redes permitiendo el acceso a las infraestructuras de otros sectores económicos susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas.

En esta misma línea de reducción de cargas administrativas, la Ley simplifica las obligaciones de información de los operadores, a los que únicamente se les podrá solicitar  aquella información que no se encuentre ya en poder de las Autoridades Nacionales de  Reglamentación.

Asimismo, se establecen condiciones estrictas para la existencia de operadores controlados directa o indirectamente por administraciones públicas, de manera que, fuera del concepto de autoprestación, se garantice la provisión de los servicios bajo condiciones de mercado y criterios de inversor privado, evitando de este modo que se produzcan distorsiones de la competencia, y con el objetivo de racionalizar el gasto público.

La Ley incorpora, asimismo, las previsiones recogidas en la Ley 3/2013, de 4 de junio,  de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, atribuyendo  en todo caso a dicha Comisión las competencias de regulación ex ante y resolución de conflictos entre operadores reconocidas por la normativa comunitaria.

Por último, como necesario contrapunto a la reducción de las cargas y obligaciones  impuestas a los operadores, la Ley refuerza el control del dominio público radioeléctrico y  las potestades de inspección y sanción, facilitando la adopción de medidas cautelares y  revisando la cuantía de las sanciones.

En definitiva, los criterios de liberalización del sector, libre competencia, de  recuperación de la unidad de mercado y de reducción de cargas que inspiran este texto  legal pretenden aportar seguridad jurídica a los operadores y crear las condiciones  necesarias para la existencia de una competencia efectiva, para la realización de  inversiones en el despliegue de redes de nueva generación y para la prestación de  nuevos servicios, de modo que el sector pueda contribuir al necesario crecimiento económico del país.

Finalmente, la Ley modifica diversos textos normativos. En particular, se modifican diversos preceptos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a fin de adaptarla al marco social y económico actual. En concreto, se introducen precisiones sobre el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos derivado de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en sus equipos terminales, y se establecen criterios para la modulación de las sanciones.

¿Es legal volar un Dron?

Sin entrar a valorar la más que posible ilegalidad que supone que un dron capte imágenes de personas en espacios público o incluso en sus los espacios privados de éstas, tal y como ha aclarado la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), para el que tuviera aún alguna duda, volar un Dron en España no es legal, al menos en principio.

AESA, que es la entidad responsable de controlar que el uso de aeronaves tripuladas por control remoto en España se realiza en el ámbito de la ley y la seguridad, ha hecho pública esta semana la siguiente información.

El uso de este tipo de aparatos es reciente y por ello, con el objetivo de evitar mal entendidos y posibles incidentes, AESA quiere aclarar en qué circunstancias y condiciones se pueden usar los drones y en cuáles no, y qué consecuencias tiene hacerlo en este último caso.

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La regulación del Crowdfunfing

Seis respuestas sobre la nueva regulación al ‘crowdfunding’

El crowdfunding -o financiación colectiva- se ha colado, de repente, entre los temas más debatidos. Tras el adelanto de este viernes de Teknautas, el Consejo de Ministros anunciaba el anteproyecto de ley mediante el que pretende regular esta práctica, imponiendo unos límites de financiación de un millón de euros para cada proyecto y una aportación máxima por parte de los inversores de 3.000 euros.

Sin embargo, existen muchas dudas al hilo de esta nueva ley: ¿qué es exactamente el crowdfunding? ¿Cuántos tipos de crowdfunding hay? ¿Afectará a todos esta ley? ¿También se aplicará a los préstamos entre particulares? Una serie de dudas que hoy nos proponemos resolver.

Leer la noticia completa en fuente original: http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2014-02-28/seis-respuestas-sobre-la-nueva-regulacion-al-crowdfunding_95538/

España y la regulación del crowdfunfing

El crowdfunding, entendido como la cooperación colectiva para conseguir dinero u otros recursos para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones, es un fenómeno relativamente reciente al que he dedicado ya una buena cantidad de entradas. Aunque podemos encontrar ejemplos de proyectos financiados de esta manera que datan de hace varias décadas o incluso siglos (la base de la Estatua de la Libertad, por ejemplo, se financió parcialmente en 1884 mediante crowdfunding), la realidad es que el primer uso del término proviene del año 2006, y su popularización está vinculada a la de algunas de sus plataformas más conocidas a finales de la década pasada.

Leer la noticia completa en fuente original: http://www.enriquedans.com/2014/03/espana-y-la-regulacion-del-crowdfunding.html

El DNI de jóvenes cambia para evitar que mientan con su edad en internet

Ahora sí, ya es posible. Identificar (y verificar) la edad de un menor que se registra en una tienda online o en redes sociales es una realidad. Un cambio en la expedición del DNI, que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permite comprobar si la edad que un menor declara tener es cierta o no. Y, por tanto, ofrecer ciertos contenidos en la web, recibir promociones o registrarse en una red social con la seguridad de que el menor tiene más de 14 años, la edad legal para poder ceder datos sin necesitar el consentimiento paterno. En España, cerca de 1,8 millones de jóvenes tiene edades entre 14 y 18 años, según los últimos datos censales correspondientes a 2012.

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Propuesta de establecimiento del Reglamento General de Protección de Datos de la UE: “one- stop- shop”

El Consejo de Justicia de la UE ha mantenido un debate en profundidad sobre la propuesta de Reglamento establece un marco general de la UE para la protección de datos con el objetivo de proporcionar orientación para el el trabajo a nivel de expertos sobre el mecanismo de “one- stop- shop” establecido en la Comisión propuesta.

El principio de “one- stop- shop”, junto con el mecanismo de coherencia , es uno de las pilares centrales de la propuesta de la Comisión. De acuerdo con este principio, cuando el tratamiento de datos personales se realiza en más de un Estado miembro, una sola autoridad de supervisión debe ser competente para supervisar las actividades del responsable del tratamiento o procesador en toda la Unión y tomar las decisiones correspondientes. La propuesta establece que la autoridad competente que preste tales one-stop -shop debería ser la autoridad supervisora del Estado miembro en el que el controlador o procesador tiene su establecimiento principal.

El Consejo expresó su apoyo al principio de que, en los casos transnacionales, la regulación debe establecer un mecanismo de “one- stop- shop” con el fin de llegar a una sola decisiones de supervisión, que debe ser rápido, garantizar la aplicación coherente , proporcionar legal seguridad y reducir la carga administrativa. Este es un factor importante para mejorar la relación costo-eficiencia de las normas de protección de datos para los negocios internacionales, contribuyendo así al crecimiento de la economía digital.

La discusión se centró en cómo llegar a una decisión única. La mayoría de los Estados miembros indicaron que la labor de los expertos debe continuar hacia un modelo en el que una decisión única de supervisión recaiga en la “autoridad de control” del establecimiento principal, mientras que la jurisdicción exclusiva de dicha autoridad podría limitarse al ejercicio de determinados poderes.

El Consejo indicó que los expertos deberían estudiar métodos para mejorar la “Proximidad” entre los individuos y la autoridad de supervisión. La toma de decisiones mediante la participación de las autoridades de supervisión “locales” en el proceso de toma de decisiones es un aspecto importante de la protección de los derechos individuales.

Otro elemento importante para aumentar la consistencia de la aplicación de la UE normas de protección de datos será la de explorar qué competencias y funciones podrían encomendarse a la Junta de Protección de Datos Europea (EDPB).

Jornada “20 Años de Protección de Datos en España”

AEPD20añosPDEl próximo 28 de enero la AEPD organiza, coincidiendo con la celebración del Día de la Protección de Datos en Europa, una jornada conmemorativa de los “20 Años de Protección de Datos en España”. A la jornada acudirán diversas personalidades y expertos que representarán a todos los agentes que han participado activamente en el desarrollo de este derecho fundamental en nuestra sociedad. Leer más

Aprobado el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones

El pasado 28 de Diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El anteproyecto actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, penalizando el despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios.

Se trata de una reforma estructural y profunda ya que las modificaciones incorporadas proporcionan mayor facilidad para el despliegue de redes por los operadores y mejora la protección del usuario.

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Reforma de la Ley de acceso a la Abogacía

El Real Decreto Ley de Mediación Civil y Mercantil ha incluido una modificación de la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procuradores, de forma que los Licenciados en Derecho no queden discriminados y puedan quedar exentos o convalidar sus créditos al cursar el postgrado al que les obliga la Ley original aprobada en 2006.

De este modo, se establecen cuatro excepciones al master para obtener el título son las siguientes:

  1. En primer lugar, todos aquellos que se matricularon antes de que se aprobara la Ley en octubre de 2006 no tendrán que realizar el postgrado si en un plazo de dos años una vez finalizada la carrera proceden a colegiarse.
  2. En segundo lugar, quienes se matricularon en la licenciatura de Derecho después de 2006 quedarán exentos de la parte teórica del postgrado. Sólo será necesario que cumplan con la parte práctica.
  3. El tercer apartado es para aquellos estudiantes que solicitaron la homologación de un título extranjero antes de que entrara en vigor la Ley. Quedarán también exentos siempre y cuando se colegien en un plazo máximo de dos años desde que obtengan la homologación.
  4. Por último, tampoco se exigirá el título profesional a los estudiantes que obtuvieron su licenciatura antes de la Ley de 2006, pero tendrán que colegiarse también en un plazo de dos años.

httpv://www.youtube.com/watch?v=KFWviioX4sE