Un Juzgado de lo Mercantil de A Coruña ordena a Vodafone publicar las sentencias que condenan a la compañía a devolver a los clientes la cláusula abusiva que les cobró por el desbloqueo de terminales

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha emitido este mes un edicto de publicación con el objetivo de que Vodafone dé a conocer a los afectados las sentencias firmes que declaran nulas por abusivas las condiciones generales que aplicó la compañía en la contratación sobre desbloqueo de terminales. Los fallos fueron dictados, en primera y segunda instancia, en noviembre de 2016 y en marzo de 2018.

El Ministerio fiscal promovió en 2016 la demanda colectiva por el cobro, primero de seis euros más IVA; y, a partir de julio de 2013, de ocho euros más IVA, por la liberación de teléfonos a usuarios que ya habían terminado sus contratos. La Fiscalía estima que Vodafone cobró indebidamente a más de medio millón de clientes.

El edicto emitido por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña especifica que, ante la imposibilidad de determinar de forma individual a los consumidores que, “conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiarios por la condena”, los afectados que deseen reclamar el reintegro del dinero deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Audiencia Provincial de A Coruña en la sentencia, que son: haber contratado con Vodafone (antes Airtel), tanto en la modalidad de prepago como pospago, conforme a las cláusulas que se declaran nulas por abusivas y que entraron en vigor en agosto de 2012; y justificar el abono de la cantidad exigida por la demandada para proceder al desbloqueo del terminal. Los fallos son firmes, por lo que los clientes ya pueden presentar demandas de ejecución.

El fallo de la Audiencia de A Coruña ordena a Vodafone “cesar” en el uso de las cláusulas abusivas, “no solo suprimiéndolas en los nuevos contratos, sino también eliminándolas de los que tenga concertados y las contengan”.

La compañía, como consecuencia de las resoluciones judiciales, no podrá negarse a liberalizar el teléfono ni cobrar “cantidad alguna” por hacerlo en aquellos casos “en que haya concluido el periodo de permanencia o, en caso de que se resuelva el contrato antes de su finalización, cuando el cliente haya abonado la cláusula penal establecida o esté cumpliendo las obligaciones derivadas de su contrato”. El usuario, por tanto, debe tener “la posibilidad de usar libremente el terminal”.

LEER NOTICIA COMPLETA EN SU FUENTE ORIGINAL

FUENTE ORIGINAL: PODER JUDICIAL

El Tribunal Supremo fija en 1,8 millones de euros la sanción a Vodafone por incumplir la normativa de roaming

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado en 1.869.288 euros de euros la sanción impuesta a Vodafone por infracción grave del artículo 77.17 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) de 2014 al haber incumplido las condiciones para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas. En concreto, por asociar automáticamente a los planes de precios nacionales RED y Base la tarifa de roaming “Hablar y navegar en Europa” sin ofrecer al cliente la posibilidad de elegir las eurotarifas o cualquier otra tarifa alternativa de roaming.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió un procedimiento sancionador a esta compañía y le impuso, en resolución de 24 de abril de 2014, una multa de 3.116.000 euros por infracción de artículo 53.s) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, por haber incumplido de manera muy grave las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Por su parte, la Audiencia Nacional rebajó a 1.557.740 euros la cuantía de la sanción al entender que era más beneficiosa para la empresa sancionada aplicar la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, que califica la infracción cometida como grave, frente a la del 2013 que la considera muy grave.

Ahora, el Tribunal Supremo estima de forma parcial el recurso de la Abogacía del Estado y modifica la cuantía de la sanción, que establece en 1.869.288 euros. A la hora de cuantificarla, aplica las circunstancias agravantes de la responsabilidad contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 (LGT) por los beneficios elevados que obtuvo la empresa sancionada, la duración de la infracción –siete meses-, el daño causado a 150.000 clientes (143.349 líneas, el 13,60% de los abonados a una tarifa RED y BASE de Vodafone que tenía asociada la tarifa “Hablar y Navegar en Europa”), y la falta de reparación del daño al no figurar la devolución de los importes.

Por otra parte, la Sala también aplica la atenuante de la responsabilidad de la LGT al considerar acreditado que Vodafone cumplió con la medida cautelar que le impuso el Consejo de la Comisión del Mercado de la Competencia en el procedimiento sancionador. En este sentido, explica que dejó de asociar automáticamente la tarifa de roaming “Hablar y navegar en Europa” a los planes de precios nacionales RED y Base, “sin necesidad de nuevos requerimientos y sin que fuera preciso que la Comisión adoptara medidas adicionales para lograr la implementación de lo acordado, la desvinculación de la tarifa de roaming”.

LEER NOTICIA COMPLETA EN SU FUENTE ORIGINAL 

FUENTE ORIGINAL: PODERJUDICIAL.ES

Un tribunal condena a Orange por tratar de cobrar facturas por periodos que ya había dejado de prestar; es abusivo e ilícito

La titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de la Coruña, ha condenado a Orange España, S.A. y le ha prohibido que se abstenga de emitir y enviar facturas para cobrar el periodo contratado en aquellos casos en los que se haya dejado de prestar antes de su finalización y a incluir, en ficheros de solvencia patrimonial, a aquellos clientes que no lo hayan abonado.

Además, ordena que se comunique la sentencia a “la Secretaría de Estado para la Sociedad de Información y la Agenda Digital por si procede imponer a Orange España, S.A. sanciones de carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria”.

Orange, de acuerdo con el fallo, “deberá informar al al Juzgado sobre las medidas adoptadas para prevenir la reiteración en el futuro de la conducta litigiosa en el término de dos meses siguientes a su firmeza con imposición de una multa coercitiva por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia, y que se fije en la suma de 60.000 € diarios”.

LEER NOTICIA COMPLETA EN SU FUENTE ORIGINAL

FUENTE ORIGINAL: CONFILEGAL.COM

La Audiencia Nacional anula una multa de 25 millones de euros a Telefónica Móviles por las obligaciones de permanente en sus contratos para pymes

La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la multa de 25,78 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso a Telefónica Móviles España en octubre de 2014 por determinados compromisos de permanencia incluidos en sus contratos para pequeñas y medianas empresas.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Sexta estiman el recurso presentado por la operadora por falta de tipicidad, así como porque las conductas analizadas no han afectado a la libre competencia y, por tanto, no han incurrido en infracciones de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) ni del 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFSU, por los que había sido sancionada.

La CNMC, recuerda la sentencia, consideró que Telefónica Móviles España (TME) “habría establecido determinadas cláusulas en los contratos de prestación de servicios minoristas de comunicaciones móviles a clientes empresariales con efectos restrictivos a la competencia, puesto que por un lado estaría limitando desproporcionadamente la capacidad de una parte sustancial de los clientes empresariales de TME para cambiar de proveedor de servicios minoristas de comunicaciones móviles, por un periodo de tiempo que se prolonga por encima del año”. Y, por otro, estarían incrementando sustancialmente los costes en los que tienen que incurrir los competidores para ganar clientes a costa de TME, otorgando a esta un periodo de reacción muy amplio (de al menos un mes) para intentar retener a los clientes que expresan su voluntad de terminar su relación contractual.

Además, siempre según la resolución impugnada, los competidores de TME dejan de estar en igualdad de condiciones para competir por estos clientes, lo que unido a que algunos operadores desarrollan políticas comerciales similares a las de TME, en conjunto se estaría excluyendo a otros operadores como los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) del segmento empresarial en el mercado minorista de servicios móviles, cuando son precisamente estos operadores alternativos los que más competencia han introducido en el segmento residencial en los últimos años.

ACCEDER A LA NOTICIA COMPLETA

FUENTE DE LA NOTICIA: COMUNICACIÓN PODER JUDICIAL

El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General que confirmó la multa de 1.060 millones de euros impuesta por la Comisión a Intel por abuso de posición dominante

Se devuelve el asunto al Tribunal General para que éste examine las alegaciones de Intel sobre la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.

Mediante Decisión de 13 de mayo de 2009, la Comisión impuso al fabricante americano de microprocesadores Intel una multa de 1 060 millones de euros por haber abusado de su posición dominante en el mercado de las CPUs, infringiendo así las normas sobre competencia de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE). La Comisión ordenó además a Intel que pusiera fin a la infracción inmediatamente, en caso de que no lo hubiera hecho aún.

Según la Comisión, Intel abusó de su posición dominante en el mercado mundial de las CPUs x86 entre octubre de 2002 y diciembre de 2007, al aplicar una estrategia destinada a expulsar del mercado a su único competidor importante, la empresa Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

La Comisión consideró que Intel ocupaba una posición dominante porque poseía una cuota de mercado de alrededor del 70 % o más y porque para los competidores resultaba extremadamente difícil entrar en el mercado y expandirse, debido a que las inversiones en investigación y desarrollo, propiedad intelectual e instalaciones productivas no son recuperables.

Según la Comisión, el abuso consistió en diversas medidas adoptadas por Intel respecto a sus propios clientes (fabricantes de ordenadores) y al distribuidor europeo de dispositivos microelectrónicos Media-Saturn-Holding.

Así, Intel concedió descuentos a cuatro destacados fabricantes de ordenadores (Dell, Lenovo, HP y NEC) con la condición de que éstos le compraran la totalidad o la casi totalidad de sus CPUs x86. Además, Intel efectuó varios pagos a Media-Saturn para que ésta vendiera exclusivamente ordenadores equipados con las CPUs x86 de Intel. Según la Comisión, esos descuentos y pagos garantizaron la fidelidad de los cuatro fabricantes citados y de Media-Saturn y redujeron notablemente la capacidad de los competidores de Intel para competir basándose en las virtudes de sus CPU x86. Por lo tanto, la conducta contraria a la competencia de Intel contribuyó de ese
modo a reducir las opciones ofrecidas a los consumidores y los incentivos a la innovación.

LEER NOTICIA COMPLETA EN SU FUENTE ORIGINAL

FUENTE ORIGINAL: TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

El próximo 15 de junio llega el fin del roaming

A partir del próximo 15 de junio, los usuarios de móviles de toda la Unión Europea (UE) podrán beneficiarse del fin del recargo por la itinerancia o “roaming”. Llamar, enviar mensajes o navegar por internet le costará lo mismo si está en su ciudad de residencia o de viaje en otro país de la UE.

¿Qué es el “roaming”

El “roaming” es el sobrecargo que las compañías cobran a sus clientes cuando viajan al extranjero por llamar, enviar mensajes o conectarse a Internet desde el móvil. Las compañías justifican ese recargo por el uso que deben hacer de las redes operadoras extranjeras.

El fin del “roaming” supone la eliminación de los costes adicionales que cobraban las operadoras a los ciudadanos europeos por llamar, enviar mensajes o navegar por Internet desde sus dispositivos móviles cuando estaban en otro país de Europa y para ello recurrían a otra red distinta a la que tenían contratada.

LEER NOTICIA COMPLETA EN SU FUENTE ORIGINAL 

FUENTE ORIGINAL: EURONEWS

El ciberataque de WannaCry se extiende a nivel mundial

El ciberataque sufrido hoy por Telefónica y otras compañías españolas ha sido «indiscriminado», ha afectado a otros países como el Reino Unido, Taiwán, Ucrania, Rusia o Turquía, y es «especialmente virulento» ya que combina un «malware» con un sistema de propagación que utiliza una vulnerabilidad detectada en Microsoft.

LEER NOTICIA COMPLETA EN SU FUENTE ORIGINAL

FUENTE ORIGINAL: ABCDESEVILLA.ES

 

La CNMC desregula el mercado de los Operadores Móviles Virtuales (OMV)

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha aprobado la desregulación del mercado mayorista de acceso a redes móviles (Mercado 15). Una vez aprobada la medida definitiva, se establece un plazo de seis meses, contado a partir de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado, para levantar las obligaciones regulatorias existentes.

La Comisión Europea, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad no han formulado observaciones al proyecto de medida que la CNMC les remitió y en el que se exponían los detalles de esta propuesta de desregulación.

La CNMC había analizado este mercado en 2006, imponiendo una regulación que obligaba a los tres operadores de red existentes en aquel momento (Telefónica, Vodafone y Orange) a dar “acceso razonable” a sus infraestructuras móviles. Dichas normas propiciaron la apertura del mercado, la entrada del cuarto operador con red (Yoigo) y la creación de compañías que no tenían espectro radioeléctrico, los conocidos como operadores móviles virtuales (OMV). Así, estos nuevos operadores comenzaron a ofrecer progresivamente servicios de voz y datos móviles a sus clientes.

Desde 2007 la Recomendación de Mercados de la Comisión Europea, que sirve de referencia para establecer la regulación en los países miembros, no incluye el Mercado de los OMV. Esto supone que solo se pueden mantener las obligaciones regulatorias si no existe competencia.

En la actualidad, operan en España casi una treintena de OMV (OMV completos y OMV prestadores de servicios), con modelos de negocio y estrategias diferentes. Esto ha intensificado la competencia en el mercado de comunicaciones electrónicas fijas y móviles, permitiendo que los operadores fijos puedan  convertirse en OMV y ofrecer paquetes convergentes. En términos de líneas, la cuota de mercado conjunta de Yoigo y los OMV en el mercado minorista de comunicaciones móviles supera el 15%.

En los últimos dos años se han producido una concentración en el mercado. Dos de los principales OMV completos, Ono y Jazztel, fueron adquiridos por Vodafone y Orange, respectivamente. Más recientemente, en septiembre de 2016, se produjo la adquisición de Yoigo (el cuarto operador móvil con red) y Pepemobile (OMV) por Masmóvil.

Bajada progresiva de los precios mayoristas

La CNMC considera que el mercado de acceso a redes móviles tiende hacia la competencia efectiva y, en consecuencia, deben retirarse las obligaciones regulatorias vigentes en este mercado mayorista. Durante este tiempo, los precios mayoristas que los OMV pagan a los operadores de red se han ido reduciendo progresivamente tanto para la voz como para los datos. Esto ha permitido que los OMV puedan mejorar los precios ofrecidos a sus clientes, en línea con las ofertas de los operadores de red.

Además, un número significativo de OMV ha incorporado la tecnología 4G, que es un elemento cada vez más relevante a la hora de competir en el mercado móvil. En la actualidad, más de diez operadores han alcanzado un acuerdo mayorista de acceso a los servicios 4G de sus operadores anfitriones o tienen previsto incorporar dicho servicio en breve.

Por otra parte, del análisis efectuado no se desprende que la desregulación del mercado vaya a dar lugar a un aumento de prácticas anticompetitivas por parte de los operadores móviles de red incumbentes: Telefónica, Vodafone y Orange. A este respecto cabe destacar que, tras la reciente adquisición de Yoigo y Pepemobile y el acuerdo alcanzado con Orange para disponer de un servicio de roaming nacional, Masmóvil se configura como un competidor relevante no sólo a nivel minorista sino potencialmente a nivel mayorista.

En todo caso, la CNMC tendría la capacidad de detectar prácticas potencialmente restrictivas de la competencia e intervenir en el supuesto de que los operadores móviles con red retiraran de forma injustificada el acceso a su red móvil a los OMV o pusieran en práctica estrategias más sofisticadas basadas en una subida de los precios mayoristas de acceso a la red móvil que no permitieran la replicabilidad de sus ofertas minoristas.

El Tribunal Europeo declara ilegales los sobrecostes por llamar a teléfonos de posventa como el 902

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegales los sobrecostes derivados de las llamadas a números telefónicos de servicios de posventa como los 902 españoles, en una sentencia sobre una empresa alemana.

Según el tribunal con sede en Luxemburgo, el coste de una llamada de un cliente a una línea telefónica de asistencia operada por un comerciante no puede exceder el importe de una “tarifa básica”, que el tribunal define como el precio de una llamada a una línea telefónica fija o móvil estándar dentro del país.

ACCEDER A LA SENTENCIA

El Supremo confirma la nulidad de una cláusula de Telefónica para convertir un servicio gratuito en uno de pago

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de la cláusula insertada por Telefónica en las facturas de sus clientes de telefonía por las que comunicaba que, a partir de determinada fecha de 2008, el servicio de identificación de llamadas, que desde el año 2000 se prestaba de forma gratuita, pasaba a ser de pago con un coste de 0,58 euros.

El Supremo rechaza el recurso de Telefónica contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria, de 12 de marzo de 2014, que estimó un recurso de la Fiscalía y condenó a la compañía a eliminar del contrato la cláusula declarada abusiva. La Fiscalía presentó su demanda inicial ejercitando una acción de cesación en defensa de intereses colectivos. Luego se sumó como coadyuvante la Confederación de Consumidores y Vecinos de Cantabria.

El alto tribunal, en sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, comparte con la Audiencia de Cantabria que la cláusula insertada por Telefónica en las facturas “no suponía una simple modificación de las condiciones contractuales sino la contratación de un servicio nuevo”.

La cláusula es nula, subraya el Supremo, porque contradice los artículos 62.1 y 99.1 del Texto Refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores, en la medida en que no queda constancia inequívoca de la voluntad de los clientes de contratar este nuevo servicio de pago. El citado artículo 62.1 dice textualmente: “En la contratación con consumidores y usuarios debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato”.

LEER NOTICIA COMPLETA EN SU FUENTE ORIGINAL

FUENTE ORIGINAL: COMUNICACIÓN PODER JUDICIAL