La imposibilidad de encontrar al autor a tiempo aboca al archivo la mayoría de las denuncias, que son cada vez más frecuentes

«Un helicóptero menos y cuatro salvapatrias pistoleros menos para conquistar Cataluña». Es el comentario que escribió un ciudadano en la red social Twitter en referencia al accidente de helicóptero que el pasado 19 de marzo provocó la muerte de cuatro militares españoles. Una queja ciudadana alertó a la Defensora del Pueblo, que de inmediato lo puso en conocimiento de la Fiscalía. Ahora habrá que dilucidar si el autor ha incurrido en algún delito. De todos modos, y pese a que el comentario fue eliminado, el mensaje se ha prodigado de un modo infinito como por parte de Twitter: es el efecto multiplicador de las redes sociales.

Este es el último caso de insultos, amenazas, vejaciones o lesiones contra el honor en internet que ha saltado a los medios de comunicación. Afortunadamente, será relativamente fácil de resolver, porque el autor tiene nombre y apellidos. No obstante, en muchos otros casos las redes sociales se convierten en plataformas utilizadas por ciudadanos para insultar y amenazar gravemente –y con publicidad– desde la impunidad que otorga el anonimato.

Ese es precisamente el principal problema que se encuentran los juzgados españoles, donde, según fuentes consultadas por el diario ABC, la mayoría de los casos de ese tipo acaban archivados por «falta de autor conocido». Porque… ¿qué sucede cuando el agresor escribe un comentario injurioso desde un ordenador ubicado fuera de España o a través de una plataforma que da servicio desde el extranjero? ¿Cómo atrapar a ese delincuente si, además, probablemente esconda su identidad en un perfil falso o inventado?

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