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Entrevista del mes a Keka Sanchez

¿Qué te motivó a acercarte al Derecho de las Nuevas Tecnologías?

Mi obligación de estar informada acerca de las modificaciones en las condiciones legales y de privacidad como profesional del sector de social media. Cómo nos afectarán como usuarios así como conocer la veracidad de contenidos que debo subir. En las redes sociales es fácil correr bulos y esto es algo que no sólo perjudica a quien se hace eco, si no que puede afectar de lleno a la reputación de quien lo ha difundido. Me siento responsable también de dar ejemplo con una buena praxis  cuando comento, comparto o retuiteo informaciones

¿Cómo ves el presente y el futuro del Derecho de las Nuevas Tecnologías?

El presente lo veo evolucionando irremediablemente a base de vulneraciones que llegan antes de que se sepa como proteger los derechos de los usuarios en en determinadas situaciones y escenarios digitales. En referencia a la sentencia europea del derecho al olvido, establecer las bases sobre lo que debe ponderar si el derecho de información o la privacidad del usuario requiere un ejercicio de amplio conocimiento de no solo de la norma si no de cómo aplicarla para que los criterios que sean garantes de los derechos. El futuro lo veo reinventándose como las nuevas tecnologías.

¿Crees que los abogados (de cualquier rama) aprovechan el uso de las Nuevas Tecnologías para el ejercicio de su profesión?

Ciertamente no. Hay ramas más cautivas de lo tradicional que otras, así como promociones que se están desarrollando de la mano de las nuevas tecnologías pero éstas son las más recientes. Aprovechar las oportunidades tecnológicas requiere no solo una formación si no una disrupción por parte quienes quieren incluirlas en su modo de vida. Los profesionales del derecho están acostumbrados a la jerarquía y la verticalidad y el uso de las nuevas tecnologías aporta globalidad y la horizontalidad

¿Cómo crees que cambiará el ejercicio de la abogacía en un futuro inmediato?

Imagino que debido al auge de delitos informáticos y de los ataques en las redes sociales, los abogados deberán especializarse en estas materias cada vez más demandadas por los usuarios y en las universidades tratarán con más frecuencia este tipo de cuestiones.

Keka Sánchez

Entrevista del mes a Rocío Reifs Santiago

¿Qué te motivo a acercarte al Derecho de las Nuevas Tecnologías?

El gran avance de las NNTT ha traído consigo que en los últimos tiempos el día a día de la mayor parte de la población gire alrededor de las tecnologías de la información, tanto a nivel profesional como personal, posicionándose las redes sociales como posiblemente el canal actual de interacción de las relaciones personales.

Ante este panorama, me despertaron gran interés los riesgos jurídicos referidos a temas como las injerencias en privacidad derivadas de los datos que terceros pueden tener acerca de nosotros, la contratación electrónica, el uso de las redes sociales como medio para hacer cualquier tipo de manifestación con la idea generalizada de inmunidad total, o la concepción de que lo que esta en Internet es de todos.

¿En qué área de este Derecho te has especializado más?

Los peligros en nuestra privacidad que pueden traer consigo las NNTT han sido uno de los aspectos en los que he tenido un especial interés desde el principio. Las posibilidades actuales de las empresas en cuanto al tratamiento de grandes bases de datos personales de los individuos unidas al conocimiento exhaustivo que pueden tener de los mismos, han hecho que el ámbito de la protección de datos me haya apasionado.

De igual manera, los nuevos modelos de negocio en los que la contratación electrónica es la base, o sectores como la propiedad intelectual o industrial son áreas en las que me he centrado especialmente.

¿Cómo ves el presente y el futuro del Derecho de las Nuevas Tecnologías?

Como dije anteriormente, las NNTT son ya el eje central alrededor del cual gira nuestro día a día.

Es poco concebible a estas alturas imaginar las relaciones laborales no informatizadas, el comercio electrónico ha llegado para quedarse, las redes sociales son los actuales canales de expresión a través de los cuales lo que decimos se manifiesta ahora a través de un altavoz que llega a millones de personas, nuestros datos personales se han convertido en un negocio para las empresas, Internet hace accesible a cualquier usuario contenidos que son explotados por terceros sin derecho alguno para ello y  han surgido nuevos delitos como consecuencia de las vías que abren las NNTT. Todas estas circunstancias son las controversias que se presentan en la actualidad y que creo que hacen necesario por un lado la implantación de áreas especializadas en Derecho de las NNTT en los despachos, y por otro que nuestra normativa vaya dando respuestas a los nuevos problemas que vayan surgiendo como consecuencia de la tecnología.

¿Crees  que los abogados (de cualquier rama) aprovechan el uso de las Nuevas Tecnologías para el ejercicio de su profesión?

Posiblemente el mundo de la tecnología era hasta hace un tiempo la asignatura pendiente en esta profesión. Sin embargo, creo que actualmente las NNTT han entrado con fuerza en nuestro sector. La eficiencia de los instrumentos que éstas ponen al servicio de la gestión del trabajo creo que no ha pasado desapercibida para los despachos.

Además veo que cada vez más el sector se viene preocupando por estar presente en Internet y por la idea de que quien no está en Internet no existe.

¿Cómo crees que cambiará el ejercicio de la Abogacía en un futuro inmediato?

Estoy convencida de que en muy poco tiempo la mayor parte de los despachos cambiaran la tradicional forma de relación con el cliente para adaptarse a las necesidades actuales. En este sentido creo que los encuentros presenciales derivaran en formas de contacto entre abogado y cliente a través de las NNTT, de las que probablemente la asesoría legal online y el uso de las redes sociales sean la base de estos nuevos modelos.

De igual manera, la gestión de los procesos legales a través de las NNTT es una necesidad que no creo que tarde en ser una realidad.

 

 

 

Google ha ejecutado el cierre de Google News en España

Desde hace unas semanas la noticia del cierre de Google News no ha dejado indiferente a nadie. Hoy ha llegado el día, Google ha cumplido con lo que manifestaba en su comunicado oficial a través de su blog el pasado 10 de diciembre.

Google News consistía en enlazar el titular de las noticias añadiendo unas líneas de las informaciones generadas por distintos medios de comunicación.

La nueva Ley de Propiedad Intelectual que entra en vigor el próximo 1 de enero  establece que los agregadores de noticias tienen que pagar un canon a los medios de comunicación por enlazar sus contenidos y colocarlos de forma ordenada en Internet. Este, es el ya comúnmente conocido como el Canon AEDE (Asociación de Editores de España) cuya principal característica es que será irrenunciable y obligatorio.

El debate se ha planteado en base a las posturas enfrentadas entre Google y la AEDE. Google sostiene que el enlace es la sustancia de Internet y que Google News añade un valor a las publicaciones “al dirigir tráfico de usuarios a sus sitios web, lo que a su vez les ayuda a generar ingresos publicitarios”, sin embargo, la AEDE mantiene que con esos enlaces Google consigue ingresos y se lucra con el trabajo de los medios de comunicación, que destinan recursos financieros y humanos a buscar y encontrar esos contenidos.

Desde hoy, 16 de diciembre, Google News deja de mostrar las publicaciones de los editores españoles. En el acceso a al sitio web nos encontramos una página de información que explica la decisión de la compañía.Ver Nota.

El ministro José Ignacio Wert considera que Google se ha adelantado al tomar la decisión de cerrar Google News en España porque la compensación económica a los editores por parte de los agregadores, recogida en la Ley de Propiedad Intelectual, todavía debe negociarse entre ambas partes.

¿Debería haber esperado Google a negociar la tasa o ha actuado de manera correcta al considerar que no es opcional negociación sobre un pago por enlace?

Entrevista del mes a Juan Luis Martínez Paredes

 ¿Qué te motivo acercarte al Derecho de las Nuevas Tecnologías?

Durante mi vida profesional como Ingeniero en Informática venía observando cómo las diferentes soluciones que proponíamos con la técnica y la tecnología a nuestro alcance a los problemas que se nos planteaban para su solución, siempre contenían errores que tenían respuesta en el Derecho.

Esto llevó a interesarme por el Derecho, y desde que empecé a estudiar derecho a nivel particular y más recientemente con lo estudiado y aprendido en el Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Universidad Pablo de Olavide, las respuestas técnicas a los problemas van acompañados de un estudio jurídico que aporta una seguridad y valor añadido al trabajo realizado.

¿En qué área de este Derecho te has especializado más?

Por mi trabajo y proximidad con la Administración pública, me he orientado al Derecho Administrativo y dentro del mismo a todo lo concerniente al Derecho de la Administración Electrónica.

Actualmente sigo estudiando y trato de profundizar en los condicionamientos que las Administraciones públicas han de tener presentes en la contratación y externalización de servicios TIC en la nube. Este tema tiene una importancia de primer nivel en tanto que el “Derecho de la Nube” está en un estado muy incipiente de elaboración y existe un gran desconocimiento de los riesgos que se asumen y que pueden afectar profundamente a derechos constitucionales que estamos obligados a salvaguardar.

¿Cómo ves el presente y futuro del Derecho de las Nuevas Tecnologías?

Desde que la Constitución Española en el artículo 18.4 CE, encomendase a la ley la limitación del uso de la informática para preservar el ejercicio de los derechos constitucionales ha pasado algún tiempo. Y es ahora, con la “Web 2.0”, con el paradigma “cloud computing”, con el concepto “big data” y el “Intenet de las cosas”, cuando conviene recordar, recalcar y velar por la vigencia de los derechos fundamentales no sólo como límite, sino como rosa de los vientos para guiar la generación de confianza en el uso de las tecnologías de la información y comunicación por parte de la ciudadanía.

En este punto hay que destacar la doble vertiente de participación de los abogados en la nueva economía asociada a la “Web 2.0”, donde por un lado el abogado debe participar en la configuración adecuada de las relaciones económicas que se establezcan a través de soluciones jurídicas a productos y servicios que después estarán presentes de la “Web 2.0”.  Y por otro lado, la necesaria participación de los abogados ante los diferentes conflictos que pudieran derivarse de interacciones económicas y sociales.

Esto, añadido a la amplitud de Internet donde no existen fronteras y no existe un derecho uniforme no hace sino garantizar un futuro prometedor para los profesionales del Derecho.

¿Crees que los abogados (de cualquier rama) aprovechan el uso de las Nuevas Tecnologías para el ejercicio de su profesión?

Preferiría no segmentar por ámbito profesional, y me atrevería a hacerlo por edades aunque  sin generalizar. A edades más adultas se usan medios electrónicos aunque quizás tal y como sucede en otros ámbitos laborales de forma más limitada como puede ser el correo electrónico.

Los nuevos abogados vienen realizando un uso intensivo de las nuevas tecnologías estando conectados continuamente a Internet para los diferentes ámbitos de la vida. Esto facilita el desempeño laboral a través de medios electrónicos y espero para bien del conjunto de la sociedad que muchos de ellos se especialicen en Derecho de las Nuevas Tecnologías.

Muy probablemente estamos ante una evolución natural del desempeño de la abogacía y considero que son los nuevos abogados quienes usan las nuevas tecnologías tanto para formarse, para intercambiar información y para buscar la información en grandes bases de datos para dar solución a los problemas que se les plantean en el día a día.

¿Cómo crees que cambiará el ejercicio de la Abogacía en un futuro inmediato?

No tenemos que esperar al futuro para ver leyes que faciliten el ejercicio de la abogacía. La incorporación que el legislador hace del uso de las nuevas tecnologías para la  tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos ante los tribunales y cuantas otras exigencias se contengan en las leyes procesales, tiene su reflejo en la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia donde uno de sus objetivos es generalizar el uso de las nuevas tecnologías para los profesionales de la justicia.

Es nuestro deber exigir ante la Administración de Justicia el uso de los medios electrónicos para agilizar los procesos judiciales y en este sentido tenemos el instrumento fundamental, la Ley, que además de ayudar en el ejercicio de la abogacía contribuirá sin duda alguna a la generalización de los medios electrónicos entre los abogados. Este cambio marcará un punto de inflexión cuya dilatación en el tiempo está en manos de los profesionales del Derecho.

Sede Electrónica de la Administración del Estado.

En 2012 se acordó por el Consejo de Ministros la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Entre otras medidas de reforma, CORA ha propuesto al Gobierno el establecimiento del Punto de Acceso General (PAG) como punto de entrada general, vía Internet, del ciudadano a las Administraciones Públicas.

Hoy 27 de octubre de 2014 se publica en el BOE la Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, por la que se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica.

Desde el próximo 29 de octubre a las 12h, se podrá acceder al nuevo portal Punto de Acceso General (http://administracion.gob.es).

Accede a la BOE (Orden HAP/1949/2014).

Las diferentes conductas que pueden violar derechos de autor en internet

Partiendo de la base de que la piratería no está relacionada con la inferior calidad del producto, sino que es la violación del copyright, puesto que se está haciendo un uso que no está permitido por el autor o que está prohibido por las leyes, debemos diferenciar qué conductas son legales y qué conductas no.

Internet ha generado varios movimientos con incidencia en el ámbito de la propiedad intelectual, pudiendo clasificarse en cuatro grandes grupos: el streaming, las descargas, los enlaces y las redes P2P.

El streaming está muy relacionado con los formatos de reproducción de audio y vídeo, permitiéndonos ver u oír en tiempo real una obra protegida por derechos de autor. El streaming es la distribución de un archivo multimedia que se realiza a través de una red de ordenadores, con lo que se consigue que el usuario consuma el archivo al mismo tiempo que se descarga. Los datos se van descargando mediante el sistema búfer que permite su reproducción, pero no se almacenan en el disco duro. Por ello, aunque también se llama descarga es totalmente diferente.

Uno de los ejemplos más claros de streaming es Youtube. Youtube funciona como una red de electricidad que suministra electricidad continuamente, sin interrupción, por eso, cuando visionamos un vídeo aparece el término buffering en la pantalla, que significa que el vídeo se está descargando en la caché de nuestro ordenador por nuestra banda ancha. Ese vídeo podrá ser visto siempre y cuando no abandonemos esa página web, puesto que cuando cambiamos de página web la caché borra la memoria almacenada.

El streaming ha sido perseguido judicialmente en multitud de ocasiones, saliendo airoso de casi todos los juicios gracias al siguiente argumento: siempre y cuando la página que nos proporciona el visionado en tiempo real únicamente facilite un enlace que nos conduzca a una página de un tercero que sea quien tiene almacenada en su disco duro la información, están exentos de responsabilidad y no vulneran los derechos de autor.

Este fue el argumento utilizado en los Caso Cinetube (AAP Alava 03/02/12) y en el caso Caso RojaDirecta (AAP Madrid 27/04/10), aunque la jurisprudencia ha cambiado a raíz del Caso TVC (STJUE 07/03/13), el cual declaró la ilegalidad del streaming porque se está haciendo “comunicación pública” de una obra protegida sin permiso de su autor. De hecho, la jurisprudencia española ya se ha hecho eco de esta sentencia, habiendo condenado a un año, siete meses y quince días de prisión, a los responsables de las web DivxOnline.info, seriesonline.es y estrenosonline.es (SJP Nº 3 Valencia 24/06/13).

Ahora bien, en el caso en el que Tele5 demandó a Youtube por emitir imágenes de la cadena televisiva sin autorización (SJMerc nº 7 Madrid 20/09/10), además de los anteriores argumentos, también se tuvo en cuenta la exención de responsabilidad contenida en los artículos 16 y 17 LSSI, así como la no obligatoriedad de supervisar los contenidos por parte de Youtube (art. 15 Directiva 2000/31/CE de Comercio Electrónico), desestimándose la demanda contra Youtube. Actualmente se encuentra en fase de apelación.

Por su parte, la descarga de datos o de archivos es, básicamente, la copia íntegra del dato o del archivo y el consiguiente almacenamiento en el disco duro del ordenador.

Un ejemplo de descarga es bajarse una canción de internet y almacenarla en nuestro disco duro para escucharla cuando queramos. Algunos prestadores de servicios como iTunes proveen estos servicios de manera legal, por lo que para ver si la descarga es legal o ilegal habrá que esta al origen de la obra descargada (ver si existe autorización del autor).

En el Caso Bajatetodo.com (SJP nº 4 Castellón 30/10/13), se demostró la ilicitud de origen de la obra descargada, condenando a los responsables de la web a 18 meses de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la creación y gestión de páginas WEB por tiempo de tres años.

En el caso de los enlaces (links), estos son códigos abiertos en modo texto que permiten a los navegadores dirigirnos a la página web que buscamos. Cuando el usuario hace click en el enlace tiene acceso al documento o la página buscada, puesto que es el link el que conecta dichas páginas o documentos.

El formato de los enlaces es el más utilizado por los motores de búsqueda (ej: Google). Cuando un usuario realiza una búsqueda el buscador muestra múltiples resultados de esa búsqueda. Los resultados son los enlaces que nos llevan a la página deseada.

Los enlaces, desde el punto de vista jurídico, son parecido al streaming, salvo que, si únicamente se facilita el enlace y no se crean contenidos (y no puede verse el contenido desde mi página web), es legal. Aquí tampoco hay obligación de supervisar los contenidos.

Este fue el argumento utilizado en el Caso Ajoderse.com (AJI Nº 9 Barcelona 07/03/03). Sin embargo, la jurisprudencia aquí también es contradictoria puesto que, la SAP de Vizcaya de 27 de septiembre de 2011 condenó a 1 año de prisión a los dos administradores de las webs de enlaces www.fenixp2p.com y www.mp3-es.com por un delito contra la propiedad intelectual porque consideró que facilitar el enlace a obras protegidas es comunicación pública, a lo que debemos añadir el ánimo de lucro existente por la publicidad insertada en las páginas webs.

Por último, las redes P2P (peer-to-peer), son redes de ordenadores conectados entre ellos en las que los usuarios comparten información, datos y archivos. Los usuarios son personas físicas, por lo que no son ni vendedores ni compradores, al igual que tampoco son profesionales o empresarios. Su funcionamiento está basado en el sistema del intercambio, permitiendo que las personas conectadas a la red puedan acceder a un sector de los ordenadores del resto de los usuarios para poder acceder a la información compartida.

Después de múltiples pleitos, entre los que podemos destacar el Caso Sharemula (AAP Madrid 11/09/08) y el Caso eMule (AAP León 15/09/09), parecía que estas redes eran legales, aún cuando el intercambio de archivos era de obras sujetas a copyright. La defensa estaba clara. En primer lugar, el intercambio se realiza por personas físicas dentro de su esfera privada, por lo que se está realizando una copia privada para uso doméstico. En segundo lugar, el ánimo lucro no existe, por lo que, no habiendo negocio, no existe afección al ámbito empresarial y desaparece el ilícito.

Sin embargo, la SAP Barcelona de 24/02/11 (Caso el Rincón de Jesús), aunque entiende que no hay comunicación pública en los enlaces que llevan a redes P2P, sí entiende que hay comunicación pública en los enlaces que llevan a descargas directas (los cuales también estaban en la web elrincondejesus.com).

Como vemos, aunque pueda parecer que existe una solución jurisprudencial para todo, la verdad es que estamos ante una situación judicial totalmente dispar, puesto que tenemos sentencias en uno y otro sentido, aun cuando los hechos son sustancialmente los mismos.

Obviamente, esta situación ha sido provocada por el caos reinante en esta materia, el cual puede resumirse de la siguiente manera. Los jueces han afirmado en multitud de ocasiones que la Ley permite estas conductas. Para contrarrestar estas decisiones se creó la Comisión de la Propiedad Intelectual (Ley Sinde-Wert), la cual fue criticada duramente por el Consejo General del Poder Judicial, quien entiende que si con la legislación actual es imposible clausurar páginas webs de enlaces por un juzgado, resulta de dudosa legalidad que pueda hacerlo un órgano administrativo. El CGPJ también emitió un informe en el que concluyó que facilitar enlaces a obras protegidas no es delito. A lo que debemos añadir que la LSSI establece que cuando se violen derechos de propiedad intelectual podrá suspenderse o bloquearse la transmisión y el acceso a una página web, aunque parece que muchas veces la Ley se quede vacía de contenido.

En resumen, la disparidad de criterios en este campo es tan abrumadora que, como dijo Alex de la Iglesia antes de abandonar su cargo como Director de la Academia de Cine “hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, que el público de las películas son esos usuarios de internet, hacia ellos y hacia todos hay que enfocar la nueva regulación”, lo que en el mundo jurídico quiere decir “o cambiamos la regulación, o con estas leyes poca seguridad jurídica podremos ofrecer”.

Antonio Fagundo Hermoso

Abogado en Conteros Asociados.

Director Jurídico, Marketing y Expansión de Masaltos.com.

Profesor Máster Superior en Abogacía y del Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la UPO.

Profesor de ESIC-ICEMD.

Asesor legal de Foro Marketing Sevilla.

@jovenantuan

El DNI de jóvenes cambia para evitar que mientan con su edad en internet

Ahora sí, ya es posible. Identificar (y verificar) la edad de un menor que se registra en una tienda online o en redes sociales es una realidad. Un cambio en la expedición del DNI, que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permite comprobar si la edad que un menor declara tener es cierta o no. Y, por tanto, ofrecer ciertos contenidos en la web, recibir promociones o registrarse en una red social con la seguridad de que el menor tiene más de 14 años, la edad legal para poder ceder datos sin necesitar el consentimiento paterno. En España, cerca de 1,8 millones de jóvenes tiene edades entre 14 y 18 años, según los últimos datos censales correspondientes a 2012.

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