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El Tribunal Supremo establece que la Fundación Gala-Salvador Dalí no tiene legitimación para proteger el derecho de imagen del pintor

La Sala de lo Civil ha rechazado el recurso de casación de la Fundación Gala-Salvador Dalí en el que solicitaba que se declarara la intromisión ilegítima en los derechos de imagen del artista, además del pago de una indemnización de un 1 por ciento de la cifra de negocios obtenida en una exposición en la que se exponían sus obras.

La sentencia indica que tanto por la falta de designación de la fundación para ejercer la acción de tutela, de acuerdo con el artículo 4.1 LO 1/1982, como porque la protección que pretende no es la memoria del difunto, sino intereses de carácter estrictamente patrimonial, debe confirmarse la sentencia de la Audiencia Provincial que estimó la falta de legitimación activa de la recurrente.

Salvador Dalí i Domenech en su testamento, otorgado el 20 de septiembre de 1982, nombró al Estado Español heredero universal y libre de todos sus bienes, derechos y creaciones artísticas, con el objeto de conservar, divulgar y proteger sus obras de arte.

Un año más tarde, el artista firmó la escritura pública de constitución de la Fundación Gala-Salvador Dalí para proteger y defender la obra artística, cultural e intelectual del pintor, sus bienes y derechos de cualquier naturaleza, su memoria y el reconocimiento universal de su aportación a las bellas artes, la cultura y el pensamiento contemporáneo.

Tras su muerte, el 23 de enero de 1989, el Estado aceptó el testamento y en fecha posterior autorizó al Ministerio de Cultura para otorgar temporalmente de forma directa y con carácter exclusivo la administración y explotación de los derechos de propiedad intelectual, propiedad inmaterial, de imagen, industrial, marcas, patentes y demás derechos derivados de la obra artística de Salvador Dalí.

La citada Fundación y Demart Pro Arte, B.v. y Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos demandó a Juan Javier Boffill Pellicer y Faber Gotic, S. L. por vulneración de los derechos de marcas, de propiedad intelectual, de imagen y conducta desleal al haber utilizado el nombre y la imagen de Salvador Dalí, con fines publicitarios y comerciales, en una exposición dedicada al artista, organizada en el Real Círculo Artístico de Barcelona, donde se exponían obras escultóricas integrantes de la denominada “Colección Clot”.

El juzgado Mercantil consideró vulnerados los derechos de marca y de propiedad intelectual, y, además, que se realizaron actos de competencia desleal por parte de la demandada, aunque absolvió a Juan Javier Boffil Pellicer. Sin embargo, entendió que no se había vulnerado el derecho a la propia imagen que, en este caso, quedaba tutelado por el reconocimiento de los derechos de explotación vinculados a la propiedad intelectual y por las conductas de deslealtad imputadas a Faber Gotic, S. L.

Por su parte, la Audiencia Provincial condenó a la sociedad y a Juan Javier Boffil Pellicer. Respecto al derecho a la propia imagen, también desestimó esta petición con el argumento de que el hecho de que el Estado español, como heredero universal, hubiera cedido todos sus derechos a la fundación no justificaba la legitimación activa de la misma para ejercer la acción de tutela del derecho de imagen del artista fallecido.

De acuerdo con la sentencia recurrida, la Sala de lo Civil resuelve sobre este último derecho –el único recurrido en casación- que Salvador Dalí nombró al Estado heredero universal pero no designó en el mismo a ninguna persona que ostentara la legitimación para su tutela, como establece el artículo 4.1 LO 1/1982. Asimismo, añade que la escritura de constitución de la fundación y el nombramiento de un heredero universal no equivale a la designación específica que exige el citado artículo.

Del mismo modo, concluye que la fundación no pretende la protección de la memoria del pintor, sino la explotación del contenido estrictamente patrimonial de su imagen (nombre y figura), debido a que los demandados no habían acordado con ella la autorización para el uso de tales signos e imágenes mediante el pago de la correspondiente retribución.

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FUENTE ORIGINAL: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL “poderjudicial.es”.

El Supremo avala la regulación del cobro de derechos de autor a las bibliotecas municipales

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha declarado conforme a Derecho el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras en bibliotecas públicas de municipios de más de 5.000 habitantes y otros establecimientos accesibles al público.

El Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que consideraba que la regulación contravenía la directiva comunitaria en la materia. Dicha Corporación cuestionaba la fórmula establecida para calcular la cuantía de la remuneración a los autores, que tiene en cuenta el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición del servicio de préstamo y el número de usuarios de dicho servicio. Asimismo, reclamaba que debían haberse incluido entre las excepciones no sujetas a remuneración las publicaciones oficiales y las obras de autores que renunciasen a su cobro, tal como sugirió sin éxito el Ministerio de Hacienda.

Para el Supremo, el Reglamento respeta la Ley que transpone la Directiva y no establece excepciones a la generación de la remuneración no reconocidas en la Ley ni establecidas en la Directiva y, en consecuencia, no infringe ni la Ley ni la Directiva. Explica que dado que ha de establecerse una remuneración compensatoria del perjuicio, la base de la remuneración han de ser las obras prestadas sujetas a derecho de autor, que es el que ha de ser compensado.

La sentencia resalta que la Directiva comunitaria deja libertad a los Estados para fijar la remuneración por los préstamos de las obras sujetas a derechos de autor en los citados establecimientos públicos, sin exceptuar obras, por lo que “la Ley española que la transpone no establece excepciones a las obras citadas, ni excluye, por ello, las publicaciones oficiales ni a las obras cuyos autores hayan renunciado a su remuneración, y en los mismos términos se pronuncia, en definitiva, el Real Decreto”.

La no inclusión de la exclusión relativa a las publicaciones oficiales no vulnera el artículo 6.1 de la Directiva 2006/115/CE. Como apunta la codemandada (CEDRO), “el tipo de establecimiento cuya actividad de préstamo constituye el hecho generador de la obligación de pago de la remuneración, se trata en su mayor parte de bibliotecas públicas de las que casi el 96% son bibliotecas cuya titularidad corresponde a las administraciones locales. Y de ellas la mayor parte son bibliotecas de pequeños y medianos municipios, como Azuqueca de Henares. En ese tipo de establecimientos el público toma en préstamo y se lleva a su casa, prácticamente en exclusiva, obras de narrativa y libros infantiles. La actividad de préstamo que se desarrolla en bibliotecas de centros educativos, en los que sin duda, se prestan otro tipo de obras muy diferentes, no genera esta remuneración. Del mismo modo, tampoco la genera la mera consulta en Sala de cualquier tipo de biblioteca”, explica la sentencia.

Por lo tanto, el préstamo de publicaciones oficiales en establecimientos cuya actividad sí está sujeta a remuneración, si es que se produce, sería como mucho, meramente simbólico. Recuerda además que lo que no son objeto de propiedad intelectual son las disposiciones legales como tales -esto viene a colación del ejemplo utilizado por el recurrente relativo al código legislativo del BOE-, “pero no puede pretender extenderse esa afirmación a las ediciones u otras manifestaciones de esas mismas disposiciones, o a cualquier otra publicación oficial que sí son objeto de derechos de propiedad intelectual”.

La resolución señala que los préstamos efectuados en las bibliotecas de entidades docentes en las que vierten, se reflejan y repercuten los trabajos de “…Ios autores de la academia, las universidades…», no generan obligación alguna de pago de remuneración.

El Supremo destaca que el Real Decreto establece que “la remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual». Es decir, “un sistema de gestión colectiva que no admite la toma en consideración de decisiones aisladas de determinados autores. El hecho generador de la remuneración -con las excepciones aplicables-, así como la tarifa aplicable están definidos en la Reglamento, por tanto, si algún autor desea renunciar a la remuneración, no existirá para él obligación a la percepción de la misma, pudiendo, a tal efecto, renunciar a su cobro”.

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FUENTE ORIGINAL: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL “poderjudicial.es”.

El uso de la marca “Champin” no infringe la denominación de origen “Champagne”, según el Tribunal Supremo

La Sala de lo Civil ha confirmado que el uso de la marca “Champin” para comercializar una bebida gaseosa infantil de frutas del bosque y fresas no constituye una infracción de la denominación de origen “Champagne” por parte de la empresa Industrias Espadafor, titular de la mencionada marca.

La sentencia rechaza el recurso de casación interpuesto por el Comité Interprofessionel Du Vin de Champagne y ratifica el fallo de la Audiencia Provincial de Granada que no apreció causa de nulidad de la marca “Champin” ni actos de competencia desleal, en contra de lo que sostuvo el juzgado de lo mercantil de Granada al estimar la demanda de dicho Comité.

La Sala Primera considera que Industrias Espadafor ha utilizado su marca denominativa “Champin” como la tiene registrada, para una bebida infantil gaseosa con sabor a frutas, producto ajeno a los vinos amparados por la denominación de origen “Champagne” y a cualquiera de los protegidos por el Reglamento (CE) 1234/2007.

Del mismo modo, indica que la evocación que el uso del signo “Champin” puede generar respecto del “Champagne” es tenue e irrelevante. Sobre todo, subraya la sentencia, porque en este caso no se genera la conexión mental en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominación de origen, y tampoco constituye un aprovechamiento indebido de su reputación.

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FUENTE ORIGINAL: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL “poderjudicial.es”.

El TS confirma la condena a Google a indemnizar a un particular por no retirar datos personales del buscador

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Google Spain a pagar una indemnización de 8.000 euros a un hombre por vulnerar su derecho a la protección de datos personales al no retirar del buscador la información sobre el indulto que se le concedió en 1999, a pesar de que el afectado lo había solicitado.

El Pleno de la Sala Primera ha decidido que el tratamiento, en el año 2010, de los datos personales del afectado sobre el indulto, concedido en 1999 por un delito cometido en 1981, en un motor de búsqueda en Internet como es Google, una vez que solicitó su cancelación, debe considerarse ilícito por inadecuado y desproporcionado a la finalidad del tratamiento de los datos, a causa del plazo transcurrido desde que sucedieron los hechos.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá, desestima la alegación de Google Spain de considerar a la sociedad matriz Google Inc única responsable del tratamiento de los datos. En este sentido, afirma que esa solución supondría en la práctica un serio obstáculo para la efectividad de los derechos fundamentales porque el afectado se vería obligado a litigar contra la sociedad matriz, que tiene su domicilio social en California, con los elevados gastos y dilaciones que supondría.

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FUENTE ORIGINAL: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL «poderjudicial.es».

Una empresa no podrá obligar al trabajador a facilitar el teléfono móvil y el correo electrónico en el contrato

El Tribunal Supremo admite que voluntariamente puedan ponerse aquellos datos a disposición de la empresa e incluso que “pudiera resultar deseable, dado los actuales tiempos de progresiva pujanza telemática en todos los ámbitos”.

Una sentencia del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de la empresa en proceso de conflicto colectivo promovido por el sindicato CCOO, como consecuencia de que la empresa desde un cierto tiempo hubiera incorporado a los contratos de trabajo del personal de nuevo ingreso una cláusula que dice: «Ambas partes convienen expresamente que cualquier tipo de comunicación relativa a este contrato, a la relación laboral o al puesto de trabajo, podrá ser enviada al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto al mismo, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. Cualquier cambio o incidencia con respecto a los mismos, deberá ser comunicada a la empresa de forma fehaciente y a la mayor brevedad posible».

El Tribunal Supremo admite que voluntariamente puedan ponerse aquellos datos a disposición de la empresa e incluso que “pudiera resultar deseable, dado los actuales tiempos de progresiva pujanza telemática en todos los ámbitos”. Pero se opone a que en el contrato de trabajo se haga constar mediante cláusula/tipo que el trabajador presta su «voluntario» consentimiento a aportar los referidos datos personales, siendo así que el trabajador es la parte más débil del contrato y que al ser incluida por la empresa en el momento de acceso a un bien escaso como es el empleo puede entenderse que su consentimiento sobre tal extremo no es por completo libre y voluntario, por lo que tal cláusula es nula por atentar contra un derecho fundamental y “debe excluirse de los contratos de trabajo”.

El Tribunal Supremo considera que los datos cuya incorporación al contrato se cuestionan [teléfono móvil/correo electrónico] en manera alguna están exentos del consentimiento del trabajador, porque no lo están en la excepción general del art. 6.2 de la Ley de Protección de Datos al no ser «necesarios para el mantenimiento o cumplimiento» del contrato de trabajo según la definición del Diccionario de la Real Academia (aquello que «es menester indispensablemente, o hace falta para un fin»), ya que la relación laboral ha podido hasta recientes fechas desarrollarse sin tales instrumentos.

Tampoco se aplica la excepción al régimen general de datos personales del art. 2.2 del Reglamento de Protección de Datos que se refiere exclusivamente al teléfono y dirección electrónica «profesionales», esto es, los destinados –específicamente– a la actividad profesional del trabajador.

Autor: Comunicación Poder Judicial.

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